Duro golpe a ex empleado de Enrique Peña Nieto: Niegan amparo a Emilio Lozoya para buscar prescripción en caso Agronitrogenados
Un tribunal federal negó un amparo a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien buscaba que se declarara prescrito el delito de lavado de dinero por el caso Agronitrogenados.
CIUDAD DE MÉXICO.-Un Tribunal Colegiado negó un recurso de amparo promovido por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Enrique Peña Nieto, con el que buscaba que un juez analizara la posible prescripción de los delitos que se le imputan en el emblemático caso de la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados. Esta decisión judicial representa un revés significativo en su estrategia legal para eludir un juicio, detalla el medio La Jornada.
¿Qué decidió el tribunal?
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, presidido por el magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, confirmó un fallo previo de un Juzgado de Distrito que, en julio de 2024, ya le había negado a Lozoya la protección de la justicia federal (amparo).
El objetivo de Lozoya era obligar a un juez de control (con sede en el Reclusorio Norte) a que estudiara y resolviera un “incidente de sobreseimiento”. Este es un mecanismo legal mediante el cual el exfuncionario argumenta que los delitos por los que se le acusa han prescrito, es decir, que ha pasado tanto tiempo desde que se cometieron que el Estado ya no puede juzgarlo por ellos. Los tribunales han declarado este incidente como improcedente en repetidas ocasiones.
Contexto: El caso Agronitrogenados
Para entender la importancia de esta decisión, es crucial repasar los hechos del caso:
- Acusaciones: La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Lozoya de lavado de dinero, cohecho (soborno) y ejercicio indebido del servicio público.
- El Hecho Central: En 2013-2014, siendo director de Pemex, Lozoya autorizó la compra de la empresa Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), entonces propiedad del empresario Alonso Ancira.
- El Sobrepreso y el Soborno: Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pemex pagó $275 millones de dólares (mdd) por una planta que llevaba sin operar desde 1999 y cuyo valor real se estimaba en $58 mdd. Esto representó un sobreprecio de $216 mdd que dañó gravemente el patrimonio de la empresa estatal. A cambio de facilitar esta operación, Lozoya habría recibido un soborno de $3.4 millones de dólares de AHMSA en 2013, meses antes de concretarse la compra.
Situación procesal actual: “Congelado” pero con riesgo
El proceso penal contra Lozoya y Ancira se encuentra actualmente “congelado”. Esto se debe a una suspensión ordenada por un juez en agosto de 2023, tras un acuerdo de reparación del daño.
- El Acuerdo con Ancira: Alonso Ancira pactó pagar a Pemex los $216 mdd del sobreprecio para reparar el daño. Gracias a este acuerdo, salió de prisión en 2021. Cumplió con una parte inicial ($104.1 mdd), pero dejó de pagar el saldo restante ($112.4 mdd) en 2023.
- Incumplimiento y Consecuencias: Aunque la FGR solicitó su re-aprehensión por incumplir el pago, el juez no giró la orden de captura luego de que Pemex se opusiera y se le concediera una prórroga hasta noviembre de 2024. Ancira volvió a incumplir, y sorpresivamente, las autoridades no han solicitado nuevamente su captura. El empresario, quien tiene ciudadanía estadounidense, reside en Texas.
La estrategia de lozoya y su bloqueo
La negación del amparo es crucial porque bloquea la principal estrategia de Lozoya: ganar tiempo hasta que los delitos prescriban. Al negarse a analizar el incidente de prescripción, los tribunales evitan que el caso se cierre por esta vía y mantienen abierta la posibilidad de que, si se reactiva el proceso (por ejemplo, si se captura a Ancira o se resuelve el tema del pago), Lozoya pueda ser llevado a juicio.
La resolución del Tribunal Colegiado representa un obstáculo legal importante para Emilio Lozoya. Le cierra, por el momento, una puerta clave para evadir la acción de la justicia. El caso permanece en un limbo jurídico, directamente vinculado al incumplimiento de Alonso Ancira y a la aparente falta de acción contundente de las autoridades para obligarlo a pagar los más de 112 millones de dólares que aún debe a Pemex. La justicia mexicana sigue intentando, con dificultades, hacer frente a uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la última década.