Aprehenden a presunto agresor por motín y disparos en San Cristóbal: sembró miedo para exigir liberación de líder recluido

Chiapas. — El 5 de marzo de 2024, en el ejido El Pinar, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se registraron actos violentos que alteraron la paz y pusieron en riesgo la integridad de la población. Más de un año después, el 17 de agosto de 2025, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) ejecutaron una orden de aprehensión contra Domingo “N”, señalado como presunto responsable del delito de motín y atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.

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De acuerdo con las investigaciones, el indiciado, junto con otros habitantes del ejido, provocó daños a las tuberías de agua del manantial conocido como Taza de Agua, infraestructura que abastecía a diversas colonias de San Cristóbal. Además, los implicados realizaron disparos de armas de fuego para intimidar a la población, como medida de presión para exigir la liberación de su líder Pablo “N”, actualmente recluido.

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Reuniones armadas y actos de intimidación reiterados

Las autoridades documentaron que estas conductas no fueron aisladas, sino que se repitieron en varias ocasiones. Los involucrados se reunían en el cerro cercano al ejido, desde donde efectuaban disparos al aire, generando temor entre los habitantes y afectando la tranquilidad de la zona. Estos actos fueron considerados como acciones de represión, dirigidas a quienes no compartían sus exigencias.

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Domingo “N” fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal-Bochil, que será el encargado de definir su situación jurídica conforme a derecho.

Cero Impunidad: compromiso institucional

La Fiscalía General del Estado reafirmó su postura de Cero Impunidad ante hechos que atenten contra la paz social. En coordinación con las fuerzas de seguridad, se continuará trabajando para garantizar la seguridad de las comunidades y presentar ante la justicia a quienes vulneren el orden público.