Nueva División Ambiental en Nuevo León inicia operaciones con clausura de cuatro empresas contaminantes

La recién creada División Ambiental de Nuevo León inició sus operaciones con un fuerte operativo que resultó en la suspensión total de actividades para cuatro establecimientos en los municipios de Guadalupe y Salinas Victoria.

Estas medidas, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, responden a graves violaciones ambientales detectadas durante inspecciones sorpresa.

Los negocios clausurados se dedicaban a actividades como bancos de materiales, compra-venta de materiales reciclables, almacenamiento de scrap (piezas plásticas) y comercio de chatarra.

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Graves irregularidades ambientales detectadas

Durante las visitas de inspección, los especialistas encontraron un patrón común de contaminación: residuos dispuestos inadecuadamente sobre el suelo y a cielo abierto, incluyendo escombros de construcción, bolsas y artículos plásticos, llantas usadas, residuos orgánicos de poda y materiales de desmonte.

Además, las empresas carecían de documentación ambiental esencial:

• Resolutivos de Impacto Ambiental
• Registros como generadores de residuos especiales
• Permisos para descargas de aguas residuales
• Autorizaciones para comercio de materiales reciclables
• Medidas inmediatas de remediación

La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente ordenó acciones correctivas urgentes:

• Limpieza inmediata de los predios afectados
• Retiro adecuado de todos los residuos acumulados
• Disposición final mediante transportistas autorizados

Estas medidas buscan mitigar el daño ambiental ya causado y prevenir mayores afectaciones a los suelos y mantos acuíferos de la región.

Compromiso de vigilancia continua

La nueva División Ambiental anunció que mantendrá operativos permanentes de inspección, enfocados en garantizar el cumplimiento normativo ambiental, proteger la calidad del aire, prevenir la contaminación de suelos, conservar los recursos hídricos y preservar la biodiversidad estatal.

Este primer operativo marca el inicio de una nueva etapa en la política ambiental de Nuevo León, donde las autoridades han demostrado cero tolerancia hacia las prácticas contaminantes que afectan el equilibrio ecológico de la entidad.

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