Jalisco: Reportan que 317 policías han sido judicializados por desaparición forzada

JALISCO.- Entre diciembre de 2018 y junio de 2025, un total de 317 servidores públicos han sido judicializados por el delito de desaparición forzada en Jalisco, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía Estatal.

Según Telediario, uno de los casos más recientes es el de Jesús “N”, exsubdirector de la Policía Municipal de Casimiro Castillo, quien fue condenado a 50 años de prisión por su participación en la retención ilegal de un hombre, a quien posteriormente entregó a un grupo criminal.

La víctima fue golpeada y falleció horas después a causa de las agresiones.

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Para el doctor Francisco Jiménez Reynoso, experto en temas de seguridad de la Universidad de Guadalajara, este tipo de sentencias confirman una crisis institucional de gran alcance.

“Esta sentencia viene a reforzar el tema de la gravedad institucional en la que estamos viviendo, en virtud de que se acredita que algunas corporaciones policíacas están coludidas con la delincuencia organizada”, advirtió el académico.

Complicidad que cobra vidas

Jiménez Reynoso subrayó que, en lugar de cumplir con los procedimientos legales y presentar a los detenidos ante el Ministerio Público, algunos agentes de seguridad prefieren entregarlos directamente a grupos delictivos.

“Lo que hacen es llevarlo a otro lugar o lo entregan directamente a la delincuencia organizada para que haga con ella lo que le plazca”, puntualizó.

Otros casos recientes en 2025

La participación de policías en desapariciones forzadas no es un hecho aislado.

Solo en lo que va de 2025 se han documentado al menos cuatro casos adicionales:

• El 9 de enero, cinco oficiales de la Comisaría de Seguridad de Poncitlán fueron detenidos por omitir la puesta a disposición de varias víctimas ante la autoridad competente.
• En febrero, Rafael R. y Javier C., elementos de la Policía de Zapopan, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en una desaparición ocurrida en 2019.
• Otro agente de Zapopan fue señalado como sospechoso en el homicidio de una familia en San Cristóbal de la Barranca, donde murieron dos menores de edad.
• Además, tras la desaparición de ocho policías y denuncias de protección a grupos criminales, las Policías de Teocaltiche y Villa Hidalgo fueron desarmadas a principios de este año.

Llamado a una estrategia integral

Ante este panorama, Jiménez Reynoso urgió a que los tres niveles de gobierno asuman su responsabilidad para contener este fenómeno:

• A la federación, le corresponde investigar a fondo y procesar judicialmente a los policías involucrados.
• Los ayuntamientos deben depurar sus corporaciones y cortar vínculos con organizaciones criminales.
• El estado tiene la obligación de generar blindajes institucionales para evitar el ingreso de personas ligadas al crimen a las filas de la seguridad pública.

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“Debe haber un esfuerzo integral para garantizar que quienes portan un uniforme y un arma trabajen para proteger a la ciudadanía y no para servir a intereses criminales”, concluyó el especialista.