Metro de la CDMX admite no tener instalaciones apropiadas para personas con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) admitió que mantiene pendientes en el cumplimiento de sentencias de amparo que le ordenan realizar “ajustes razonables” para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad.

Actualmente, solo las Líneas 1 y 12 están totalmente equipadas para atender a usuarios con movilidad reducida, ceguera total o parcial, mientras el resto de la red enfrenta rezagos.

El tema cobró relevancia al cierre del Parlamento de las Personas con Discapacidad 2025, celebrado en el Congreso de la Ciudad de México, donde organizaciones exigieron transporte público inclusivo. Activistas denunciaron que, pese a fallos judiciales, persisten barreras físicas y de trato que limitan la autonomía de este sector.

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Sentencia pendiente: Dos años de retraso en ajustes

En respuesta a un exhorto legislativo, el STC reconoció que, casi dos años después de la sentencia emitida por la Segunda Sala de la SCJN (17 de noviembre de 2023), aún implementa medidas graduales para garantizar el acceso de personas de talla baja y con discapacidad.

El fallo rechazó la petición de destinar el primer vagón exclusivamente a este grupo, pero ordenó al Metro corregir omisiones en accesibilidad, asegurando que los usuarios puedan ingresar “con la mayor autonomía posible”. Entre las acciones pendientes destacan:

• Evaluar las medidas actuales con participación de personas con discapacidad.
• Crear un mecanismo para solicitar ajustes inmediatos si las condiciones no son adecuadas.
• Capacitar al personal y sensibilizar a usuarios para evitar discriminación.

“No es caridad, es justicia”: La demanda del parlamento

Durante el foro, organizaciones exigieron al Congreso local priorizar políticas públicas en movilidad, empleo, salud y derechos humanos. “No venimos a pedir caridad, venimos a exigir derechos. La inclusión no es un favor, es una obligación del Estado”, afirmó una participante.

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Mientras, el Metro asegura trabajar en soluciones a corto, mediano y largo plazo, aunque sin fechas concretas. Activistas insisten en que los retrasos vulneran derechos fundamentales y exigen auditorías independientes.