Embarazo infantil en México: 80% de los casos ligados a abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.– El embarazo en niñas de entre 10 y 14 años en México es una situación “muy grave” estrechamente ligada al abuso sexual, advierte Paula Rita Rivera Núñez, gerente de Operaciones de la organización civil Telefem.

Señala que al menos 80% de los casos en menores de 14 años son producto de violencia sexual cometida generalmente por familiares cercanos, y la mayoría no se denuncia.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en julio se registraron 30 casos de embarazos infantiles, algunos con más de 30 años de diferencia entre la madre y el padre.

La Agenda 2030 de la ONU establece que México debe llegar a cero casos de niñas gestantes para ese año, pero el avance ha sido insuficiente: en 2023 la tasa fue de 11.4 nacimientos por cada mil mujeres de 10 a 17 años, según el INEGI.

Rivera explica que el problema es multifactorial y se concentra en la desigualdad. “El embarazo infantil está vinculado con la pobreza, el rezago educativo, la ruralidad, las comunidades indígenas y prácticas culturales como los matrimonios forzados que silencian el abuso”, señala.

Aunque la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) ha logrado avances, persisten fallas en el sistema de salud, educación y justicia.

Impunidad

La especialista denuncia también la impunidad que rodea estos casos. Cuestiona que no se conozca el destino legal de los agresores y recuerda que la Norma 046 garantiza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación, aunque en la práctica no siempre se aplica.

“¿Cómo puede haber un hombre de 65 años que tenga un hijo con una niña de 12? Ahí hay un delito”, enfatiza.

El embarazo a edades tan tempranas expone a las niñas a riesgos graves, desde muerte materna y partos prematuros hasta lesiones severas, fístulas y preeclampsia.

Además, implica consecuencias psicológicas como trauma severo, abandono escolar, exclusión social y la posibilidad de repetir ciclos de violencia y pobreza.

Rivera insiste en que la ILE debe ser una alternativa garantizada en embarazos producto de violación y pide aumentar el presupuesto en educación sexual, salud materna y protocolos de protección.

“No es un tema religioso, sino un problema sanitario y de derechos humanos. Para romper con siglos de tradición y prácticas nocivas, la única vía es educar en sexualidad”, concluye.

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