Querétaro impulsa delito de homicidio vial para castigar a conductores ebrios que causen muertes

QUERÉTARO, Qro.– En un foro de Parlamento Abierto realizado en el Auditorio del Centro Cívico, autoridades, especialistas y organizaciones civiles discutieron una propuesta para tipificar como delito el homicidio vial en el estado de Querétaro.

La iniciativa, impulsada por el alcalde capitalino Felipe Fernando “Felifer” Macías, propone sanciones de cinco a 10 años de prisión y la cancelación definitiva de la licencia de conducir para quienes, bajo los efectos del alcohol o drogas, provoquen accidentes mortales.

“No fue un accidente, fue una decisión irresponsable”, sentenció Claudia Quijas, activista que compartió el caso de su hermano, atropellado por un conductor ebrio.

Propuesta

La propuesta se plantea como una figura intermedia entre el homicidio culposo (accidental) y el doloso (intencional), y contempla agravantes como exceder los límites de velocidad o el uso del celular al manejar. De aprobarse en el ayuntamiento, será enviada al Congreso del Estado para su análisis legislativo.

Entre 2018 y 2023, en Querétaro se registraron mil 871 accidentes relacionados con consumo de alcohol, con saldo de 13 muertos y 152 lesionados, principalmente durante fines de semana.

El abogado penalista Roberto Romero Bravo señaló que el homicidio vial puede configurarse como “dolo eventual” o “culpa con representación”, pues el conductor conoce el riesgo y aun así decide conducir.

Aunque respaldó el proyecto, la abogada Mayela Portos Hernández, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes, advirtió que debe respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia, y pidió aplicar criterios científicos para valorar cada caso.

El foro también incluyó propuestas preventivas como radares automáticos, suspensión progresiva de licencias y campañas de conductor designado. Representantes del sector restaurantero respaldaron la iniciativa y pidieron regular fiestas clandestinas.

El proyecto será votado en Cabildo en las próximas semanas y, de avanzar, marcaría un precedente en la legislación penal del estado.

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