Padres de los 43 de Ayotzinapa se reúnen con Claudia Sheinbaum: esperan avances en nuevas líneas de investigación para septiembre
Padres de los normalistas desaparecidos temen un regreso a la verdad histórica tras cuarta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa sostuvieron su cuarto encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque la reunión representó un momento clave en la relación entre el nuevo gobierno federal y las familias, también evidenció el estancamiento en las investigaciones, según Animal Político.
A pesar de la expectativa de conocer avances sustanciales, los representantes de las víctimas salieron del encuentro con una sensación de frustración, al no obtener información nueva sobre el caso.
La presidenta se comprometió a una nueva reunión para el próximo 4 de septiembre, en la cual —aseguró— se presentarán las nuevas líneas de investigación del caso, lo que ha renovado, aunque con escepticismo, la esperanza de que el proceso judicial no vuelva al camino de la llamada “verdad histórica”.
La falta de avances y el regreso de narrativas oficiales
Vidulfo Rosales, abogado de los padres, manifestó que durante la reunión no se ofreció información diferente a la ya conocida.
De hecho, lo que se presentó como novedad fueron las detenciones recientes, que para las familias no representan un paso hacia la verdad, sino una reafirmación de la narrativa oficial que ya había sido ampliamente cuestionada y considerada insuficiente.
Las familias expresaron su preocupación de que las acciones recientes, lejos de esclarecer los hechos, estén reafirmando versiones anteriores que no responden al clamor de justicia. La percepción general fue de una vuelta al origen del relato oficial, lo que generó tensiones durante el diálogo con la mandataria.
Cambios en la Fiscalía Especial: nuevo fiscal, viejas dudas
La reunión se llevó a cabo en el contexto de la destitución de Rosendo Gómez Piedra, quien hasta hace poco encabezaba la Fiscalía Especial del caso. Gómez fue removido de su cargo tras denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción y vínculos políticos inapropiados.
En su lugar, fue designado Mauricio Pazarán, una figura cercana a Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia. Aunque esta designación podría interpretarse como un intento de reorganizar y fortalecer la investigación, los familiares de los estudiantes expresaron que no otorgarán “cheques en blanco”. Después de 11 años de promesas sin justicia, dicen, la confianza debe ganarse con resultados concretos.
El Ejército, pieza clave en la investigación
Durante la conversación con la presidenta, uno de los puntos críticos fue el posible papel del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes. Los padres y representantes legales insistieron en que las fuerzas armadas aún tienen información crucial que no ha sido transparentada.
En particular, solicitaron que se incluya como línea de investigación el destino de 17 normalistas que, según datos de prueba, fueron llevados a instalaciones de barandilla municipal. Este posible camino, hasta ahora poco explorado, podría modificar el curso de las investigaciones si se logra acceso a documentación o pruebas bajo resguardo militar.
Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no está cerrado a investigar lo que el Ejército o cualquier otra corporación pudiera tener relacionado con el caso, un compromiso que será puesto a prueba en los próximos meses.
Expectativas para septiembre y el simbolismo del 26
La próxima reunión pactada para el 4 de septiembre es vista por las familias como una fecha decisiva, tanto por el contexto —cerca del aniversario de la desaparición el 26 de septiembre— como por las implicaciones políticas de lo que pueda revelarse.
La presidenta reconoció que la presentación de los avances no ha sido clara ni suficiente hasta ahora, y asumió la responsabilidad de mejorar la comunicación y presentación del trabajo realizado por su equipo.
El caso Ayotzinapa ha sido, desde 2014, una herida abierta en la sociedad mexicana y un símbolo de la crisis de derechos humanos que vive el país. A once años del crimen, el balance aún es profundamente doloroso: ningún gobierno ha logrado entregar verdad ni justicia plena.
El gobierno de Sheinbaum tiene ante sí la oportunidad de romper ese patrón. El desafío será demostrar que la voluntad política se puede traducir en acciones verificables, avances concretos y rendición de cuentas real. El tiempo corre, y las familias siguen esperando.
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