¿Me pueden negar un empleo o ascenso por tener tatuajes? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
De acuerdo con el artículo 133 de la LFT, discriminar a una persona en el trabajo por apariencia física puede acarrear multas de hasta 565 mil pesos para el empleador.

Ciudad de México.- Aunque los prejuicios hacia las personas tatuadas han disminuido en el entorno laboral, la discriminación por tatuajes aún persiste en muchas empresas, pese a que la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe expresamente este tipo de prácticas.
Katia Everardo, consultora de la firma Abarca y Asociados, señaló que no existe disposición legal alguna que impida a una persona tatuada ser contratada o ascender en una empresa.
“Tratar de forma despectiva a un trabajador por sus tatuajes vulnera su derecho a la no discriminación y a un entorno laboral seguro”, aseguró.
¿Qué dice la LFT contra la discriminación?
De acuerdo con el artículo 133 de la LFT, discriminar a una persona en el trabajo por apariencia física puede acarrear multas de hasta 565 mil pesos para el empleador.
Sin embargo, Raquel Ortiz, de DLA Piper México, explicó que hay excepciones: si el tatuaje promueve mensajes ofensivos o va en contra de las funciones del puesto, el empleador puede establecer ciertas restricciones, como pedir que se cubra.
Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que no se puede despedir a alguien por tener tatuajes, a menos que el diseño sea ofensivo o incite al odio.
Tal fue el caso de un trabajador con una cruz esvástica visible, símbolo que promueve el racismo, y que se negó a cubrirla pese a la petición de su empleador.
Una encuesta del Termómetro Laboral de OCC reveló que el 60% de las personas trabajadoras cree que los tatuajes no afectan el desempeño profesional, pero un 11% aún considera que perjudican la imagen del colaborador.
A pesar de estos prejuicios, cada vez más empresas se muestran abiertas a contratar personas tatuadas, ya que discriminarlas puede afectar su reputación y es ilegal.
Las especialistas recomiendan denunciar cualquier acto de discriminación laboral, ya sea siguiendo el protocolo interno de la empresa o recurriendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Además, instan a los empleadores a justificar objetivamente los requisitos de sus vacantes, evitando imponer criterios arbitrarios que fomenten la exclusión.
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