“Los obligan a firmar su órden de deportación y no les dan derecho de hablar con un abogado”. Afirman abogados de derechos civiles sobre detenidos en “Alligator Alcatraz”, la super prisión para inmigrantes de Donald Trump
Durante una audiencia virtual realizada este lunes ante un tribunal federal en Miami, los abogados señalaron que los migrantes recluidos en el centro han sido privados de acceso a representación legal

Miami, Florida.— Abogados de derechos civiles solicitaron una orden de restricción temporal contra un centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida, conocido como el “Alcatraz de los caimanes”, al denunciar severas violaciones a los derechos constitucionales de los detenidos.
Durante una audiencia virtual realizada este lunes ante un tribunal federal en Miami, los abogados señalaron que los migrantes recluidos en el centro han sido privados de acceso a representación legal, se encuentran detenidos sin cargos formales y sus audiencias de fianza han sido canceladas arbitrariamente.
Eunice Cho, abogada de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), alertó que se trata de una situación de emergencia. “Los agentes de ‘Alcatraz de los caimanes’ andan por ahí intentando obligar a la gente a firmar órdenes de deportación sin que puedan hablar con un abogado”, expresó durante la audiencia.
Prácticas que violan los derechos humanos fundamentales en Alligator Alcatraz
Los defensores reportaron que más de 100 detenidos ya han sido deportados desde el inicio de estas prácticas, lo que consideran una violación al debido proceso legal.
Además, denunciaron que al acudir a audiencias de fianza, los abogados han sido informados de que los tribunales migratorios no tienen jurisdicción sobre sus clientes.
Ante la confusión jurídica, los abogados exigieron a las autoridades federales y estatales que aclaren cuál es el tribunal competente para conocer los casos, con el fin de que se puedan presentar peticiones de fianza y los detenidos accedan a una defensa adecuada.
La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre un posible patrón de abuso institucional en este centro de detención ubicado en una zona remota del sur de Florida.
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