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Mexicana está atrapada en Argentina por violencia de diplomático argentino, su expareja; pide auxilio a Sheinbaum y México para salir de la situación

Sandra Decasper ha denunciado que su ex ejerce violencia a sus hijos para dañarla, y que se encuentra sin salida, por ello pide ayuda a su País.

Mexicana está atrapada en Argentina por violencia de diplomático argentino, su expareja; pide auxilio a Sheinbaum y México para salir de la situación

MÉRIDA, Yucatán.- — Sandra Mónica Decasper Chacón es una ciudadana mexicana originaria de Mérida, Yucatán.

Desde 2024 reside en Argentina, país al que fue llevada, según su testimonio, bajo presión por su entonces esposo, el diplomático argentino Norberto Ariel Martins Mogo, ex cónsul en Guatemala.

La situación se agravó desde su llegada, al denunciar múltiples formas de violencia: física, económica, psicológica y vicaria.

“Estoy condenada aquí”, declaró recientemente a MVS.

¿Qué es la violencia vicaria y cómo afecta su caso?

La violencia vicaria ocurre cuando una persona usa a los hijos como medio para dañar emocionalmente a la madre. Sandra ha documentado amenazas, manipulaciones y situaciones extremas en este contexto.

En diciembre de 2024, su hijo Mateo fue hospitalizado por una crisis nerviosa. Su hija Julieta también ha sido objeto de intimidaciones.

La violencia vicaria es cualquier acto u omisión que tenga por objetivo impedir o romper el vínculo materno filial, yendo desde amenazas, sustracción o incluso el asesinato de hijos o hijas. Foto: Archivo

Aunque en octubre las autoridades argentinas emitieron una orden de restricción perimetral, esta solo protege a Sandra, no así a sus hijos. La legislación local impide que los menores salgan del país sin el consentimiento del padre.

No tengo protección completa. Me protegen a mí, pero no a mis hijos”, ha señalado.

¿Cómo ha sido su experiencia con el sistema judicial argentino?

Sandra afirma que enfrenta hostigamiento judicial continuo. Asegura que su exesposo ha ejercido presiones legales que han llevado a varios de sus abogados a abandonar el caso. Según ella, existe una estrategia para desgastarla y aislarla.

El Centro Integral de la Mujer (CIM) de Argentina evaluó su caso y determinó un nivel de riesgo alto, recomendando medidas urgentes. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido insuficiente.

¿Qué ha hecho el gobierno mexicano?

El consulado de México en Argentina ya fue notificado, pero hasta ahora no ha conseguido garantizar la protección de los menores ni facilitar su retorno al país. Sandra también interpuso denuncias en México, sin avances significativos.

No me ayudan porque dicen que no pueden intervenir en custodia. Pero mis hijos están siendo usados para lastimarme. ¿Cuántos años tengo que esperar?”, declaró a Ahora Oaxaca el 23 de julio.

La petición de Sandra a las autoridades mexicanas

En semanas recientes, Sandra ha hecho llamados públicos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a autoridades de la cancillería mexicana, solicitando una intervención diplomática efectiva para poder volver a México con sus hijos bajo garantías legales.

Sus declaraciones han sido replicadas por medios como MVS y Ahora Oaxaca, y ponen en evidencia la falta de protocolos claros para casos transnacionales de violencia de género y custodia.

¿Qué hizo la CIDH en este caso?

A principios de julio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Sandra, lo que marca un precedente en la región.

Es la primera vez que este organismo acepta formalmente una denuncia relacionada con violencia vicaria.

Este hecho podría abrir nuevas rutas legales en América Latina para otras mujeres en situaciones similares, especialmente cuando se cruzan conflictos de custodia con violencia de género en el extranjero.

¿Qué sigue para Sandra y sus hijos?

Sandra permanece en Argentina, sin protección efectiva, con recursos limitados y en busca de representación legal.

Mientras tanto, sus hijos no tienen garantía de seguridad jurídica. Ella describe su situación como una “alerta permanente”.

Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial. Ni la cancillería ni el consulado han dado declaraciones públicas sobre el caso.

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