Organizaciones denuncian crisis de derechos humanos para las juventudes en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.— Más de 20 organizaciones civiles y colectivos denunciaron una grave crisis de derechos humanos que afecta a las juventudes en Oaxaca, marcada por más de 900 desapariciones de mujeres jóvenes entre 12 y 29 años durante el sexenio del gobernador Salomón Jara Cruz (2022-2025).

En un pronunciamiento conjunto, las agrupaciones alertaron sobre el contexto de violencias estructurales, discriminación, precariedad laboral, exclusión educativa y criminalización que enfrentan las juventudes en la entidad, con especial énfasis en mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, LGBTIQ+ y con discapacidad.

Entre las organizaciones firmantes destacan el Centro Calpulli, GESMujer, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Corazón Mixteco, Marea Verde Mixteca y la Red Oaxaqueña por el VIH (ROVIH), entre otras. En su análisis, denunciaron la impunidad en los casos de desaparición, la revictimización institucional y la ausencia de protocolos con enfoque de género.

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En el ámbito laboral, advirtieron que la precarización es la norma: en promedio, una persona joven en Oaxaca gana 33.8 pesos por hora (según el INEGI), muchas veces sin contrato, prestaciones ni seguridad social, lo que obliga a algunas a migrar o incorporarse a economías ilegales.

También denunciaron el racismo y el despojo territorial que enfrentan las juventudes indígenas y afrodescendientes, cuya cosmovisión sigue sin ser considerada en las políticas públicas.

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Las juventudes de la diversidad sexogenérica señalaron condiciones hostiles en espacios educativos y laborales, lo que las empuja a actividades informales desde edades tempranas, aumentando su vulnerabilidad.

En las universidades, señalaron prácticas sistemáticas de acoso, discriminación y falta de atención emocional, mientras que las juventudes con discapacidad enfrentan barreras físicas y culturales que limitan su participación.

El documento también exige el reconocimiento del trabajo digno como un derecho humano, la atención integral de la salud emocional, políticas públicas con enfoque interseccional y de derechos humanos, así como el fin de la criminalización policial hacia jóvenes en espacios públicos.

Finalmente, las organizaciones demandaron al gobierno estatal medidas efectivas contra la violencia de género, protocolos de búsqueda con enfoque diferencial, y la inclusión activa de las juventudes en la agenda ambiental y territorial.

“Apostamos por una visión del buen vivir, que reconozca el vínculo entre justicia social, sostenibilidad ambiental y derechos colectivos”, concluyeron.

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