Reforma judicial de 2024, el “golpe final” a la independencia del Poder Judicial: informe
El documento sostiene que esta reforma culmina una serie de ataques sistemáticos, tanto retóricos como institucionales.

Ciudad de México.— La reforma judicial aprobada en 2024, que establece la elección de jueces y magistrados por voto popular, representó el “golpe final” a la independencia del Poder Judicial en México, según advierte el informe La Independencia Judicial en Jaque. Ataques al Poder Judicial en México 2018-2024, publicado por la Fundación para la Justicia.
El documento sostiene que esta reforma culmina una serie de ataques sistemáticos, tanto retóricos como institucionales, desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dirigidos a debilitar y capturar al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Entre sus hallazgos, el informe señala que en el 30% de las conferencias matutinas del exmandatario se registraron ataques verbales contra jueces y ministros, mientras que la Cámara de Diputados y el Senado hicieron lo propio en el 24% y 22% de sus sesiones, respectivamente.
El análisis también revela que durante el sexenio se presentaron 135 iniciativas de reforma constitucional y legal dirigidas al Poder Judicial, de las cuales casi el 52% afectaban directamente su independencia institucional.
Reforma judicial 2024
La reforma judicial de 2024, impulsada por López Obrador con el respaldo de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, incluye además la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de once a nueve y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, que vigilará y sancionará a todos los jueces del país.
Según el informe, elaborado por Azul A. Aguiar Aguilar, este nuevo tribunal representa “un modelo de rendición de cuentas sin controles”, que podría socavar el equilibrio de poderes y profundizar las brechas en el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.
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La Fundación para la Justicia concluye que estas transformaciones no resuelven los problemas estructurales del sistema de justicia, sino que amenazan con hacerlo más opaco, ineficiente y clientelar.
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