Sheinbaum niega intención de instaurar un “Estado espía”; especialistas advierten riesgos a la privacidad ciudadana

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este martes que su administración pretenda instaurar un “Estado espía” con la creación del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, y aseguró que cualquier intervención en la vida privada de los ciudadanos estará sujeta a autorización judicial.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió a las críticas surgidas tras la aprobación de reformas en materia de seguridad e inteligencia, y subrayó que su gobierno no realiza espionaje contra opositores ni ciudadanos.

Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez, por Constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie”, afirmó.

Aclaró que el nuevo sistema busca integrar una plataforma única de información entre instituciones públicas para fortalecer la seguridad, sin violentar derechos individuales.

Sin embargo, expertos en derecho y seguridad advierten posibles abusos derivados del nuevo marco legal, especialmente ante la inminente llegada de una nueva generación de jueces electos por voto popular, quienes asumirán funciones a partir del 1 de septiembre.

José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que las reformas dejan a la ciudadanía frente a un Estado con mayores capacidades de vigilancia, pero con controles institucionales aún inciertos.

Habrá jueces que hagan bien su trabajo y otros que ni siquiera tengan la capacidad para hacerlo. En materia de control constitucional, vamos a tener importantes dudas hasta no ver operar a esta nueva generación de juzgadores”, advirtió.

Por su parte, Carlos Mendoza, experto en seguridad pública, consideró que la reforma judicial fue apresurada y mal estructurada, y pidió establecer mecanismos claros para evitar que los nuevos jueces respondan a intereses políticos.

Tendrían que establecerse candados y otros tipos de mecanismos para recuperar la confianza ciudadana. De otra manera, las consignas de orden electoral con jueces a modo podrían verse materializadas de la noche a la mañana, lo que vulnera la seguridad jurídica”, afirmó.

Nuevas facultades de inteligencia

La nueva Ley de Investigación e Inteligencia, que otorga facultades ampliadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), incluye en su Artículo 12, fracción III, la posibilidad de solicitar la interconexión a sistemas de seguridad públicos y privados, así como el acceso a registros administrativos con información sensible, como datos biométricos, registros vehiculares, fiscales, bancarios y de propiedad.

De acuerdo con especialistas, esta disposición permite una recolección de información sin precedentes, lo que refuerza la necesidad de controles judiciales eficaces y autónomos para proteger los derechos fundamentales.

Aunque el gobierno federal sostiene que la intención es mejorar la coordinación entre instituciones y fortalecer el combate al crimen, persiste la inquietud sobre cómo se garantizará que estas herramientas no se utilicen con fines políticos o de persecución.