¿Por qué el narco obliga a comunidades indigenas de la Sierra Tarahumara a desplazarse con bombardeo con drones?

Chihuahua.– Al menos una decena de comunidades indígenas warijó y pimas en los municipios de Moris y Uruachi, en la Sierra Tarahumara, han sido forzadas a abandonar sus tierras ante un nuevo y alarmante nivel de violencia: drones cargados con explosivos lanzados contra sus viviendas y asesinatos perpetrados por presuntos integrantes del grupo criminal Los Salazar, aliado del Cártel de Sinaloa.

El oro, la codicia detrás del terror

De acuerdo con testimonios de los desplazados y trabajadores de pequeñas minas que ya abandonaron la región, la ofensiva criminal tiene un claro objetivo: apoderarse del oro que yace en el subsuelo serrano.

Desde el 16 de junio, comenzaron a reportarse bombardeos con drones, seguidos por la llegada de decenas de camionetas con hombres armados, lo que desató un éxodo forzado de cientos de personas.

Los testimonios refieren que los ataques se han centrado en comunidades como El Zapote, La Trompa, Chiltepín, La Finca, La Ciénega, Naranjito y Sahuayacancito, donde se han registrado personas asesinadas y viviendas incendiadas.

Desplazamiento y omisión oficial

Los desplazados aseguran que acudieron a la capital del estado en busca de ayuda, sin obtener respuesta. Por ello, representantes indígenas como Hilario Valenzuela, gobernador de la comunidad warijó La Finca Pesquera, viajaron a la Ciudad de México para presentar denuncias formales ante instancias como Segob, Sedena y la CNDH.

En un mensaje viralizado en redes sociales, las comunidades suplican ayuda al gobierno:

“Llegan armados, matan, torturan y mutilan personas inocentes que sólo se dedican a la cosecha, minería, ganadería y pesca… Pedimos de todo corazón que nos ayuden a compartir esto.”

Denuncias oficiales y respuesta militar limitada

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó haber recibido el reporte de los ataques con drones el pasado 26 de junio. Aunque en el comunicado se asegura que no hay novedad relevante según el director de Seguridad Pública de Moris, las versiones de los desplazados contrastan: denuncian que las fuerzas federales patrullan sin intervenir y que incluso se burlan de las víctimas.

El reporte militar indica que el grupo criminal responsable sería Los Salazar, que ahora buscan expandir su control a Moris y Uruachi, tradicionalmente en manos de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, presuntamente aliado del CJNG.

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Un corredor minero y criminal

El contexto no es nuevo. Desde los años 90, Los Salazar —fundados por Adán Salazar Zamora en Chínipas— han operado en Chihuahua y Sonora con actividades que van desde el narcotráfico hasta la minería ilegal. En la audiencia reciente del exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz —implicado en el asesinato de la periodista Miroslava Breach— se reveló que el grupo se ha consolidado con redes desde la Tarahumara hasta la frontera con Sonora.

La presencia de oro y rutas de cultivo y tráfico de amapola y marihuana explican el valor estratégico de la región.