Hacienda podrá acceder a datos para investigar lavado de dinero, esta es la reforma que diputados han aprobado

CIUDAD DE MÉXICO.- — La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma al marco legal para el combate al lavado de dinero, que permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitar información financiera y patrimonial de personas sin orden judicial.

La medida fue avalada con 297 votos a favor, 37 en contra (PRI) y 87 abstenciones (PAN y MC).

Esta decisión modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal, y fue impulsada por el senador morenista Javier Corral.

México

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¿Qué cambios incluye la nueva ley?

Entre los principales ajustes se encuentra que Hacienda podrá pedir datos a entidades públicas de los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y empresas públicas estatales.

Además, se amplía el número de actividades vulnerables, entre ellas:

• Gasto mensual en tarjetas de crédito o servicios igual o superior a 91 mil pesos.
• Abonos en tarjetas prepagadas por 72 mil 975 pesos o más por operación.
• Emisión o abono a instrumentos de almacenamiento de valor monetario por el mismo monto.

También se incluirán en el radar de vigilancia operaciones relacionadas con:

• Criptomonedas
• Fideicomisos
• Sector inmobiliario

¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta y quién lo decide?

Uno de los temas más debatidos fue la facultad de Hacienda para definir qué es una “Persona Políticamente Expuesta”, sin necesidad de una autoridad judicial.

Esta clasificación permite al Gobierno aplicar medidas de vigilancia, reportes, monitoreo e incluso congelamiento de cuentas.

Además, se establece que se deben reportar no solo operaciones concluidas, sino también aquellas intentadas o no concretadas, lo cual amplía los alcances del monitoreo.

¿Qué dijeron los partidos de oposición?

La aprobación se dio en medio de protestas del PAN, cuyos legisladores subieron a tribuna con carteles que decían “Lavanderías del Bienestar” y mostraban la imagen de Alfonso Romo, exasesor del expresidente López Obrador. El panista Héctor Saúl Téllez acusó:

El narco se metió y operó desde la Presidencia con el empresario que fue nombrado directamente por el ex Mandatario.”

Téllez anunció una denuncia penal contra Vector Casa de Bolsa, propiedad de Romo, y criticó que la reforma permita el uso de datos personales sin control judicial.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, advirtió:

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Advierten por posible “Pemexproa”, que convertiría la deuda de Pemex, petrolera más endeudada del mundo, un “problema” del Estado, similar a como hizo Zedillo con el Fobaproa en 1998

Permitimos que los adversarios políticos al régimen y también cualquier persona relacionada con ellos pueda ser objeto de investigaciones y medidas restrictivas. Esto representa un riesgo muy peligroso de persecución política.”

¿Qué argumentaron Morena y sus aliados?

Desde el bloque oficialista, la diputada del PT, Mary Carmen Bernal, defendió la reforma al señalar que busca frenar los casos de corrupción y lavado de dinero cometidos por exfuncionarios como Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington, Arturo Montiel, Guillermo Padrés, Silvano Aureoles y Genaro García Luna.

Reconoció la infiltración del dinero ilícito en instituciones públicas, partidos políticos y procesos electorales, y aseguró:

El PT votará a favor de esta reforma porque reafirma nuestra convicción: el Estado debe recuperar su poder frente al crimen, la corrupción y los intereses que tanto han lastimado a nuestro país.”

Añadió que vigilarán que la implementación no afecte a personas inocentes ni criminalice sin sustento a sectores productivos.

¿Qué consecuencias puede haber para los ciudadanos?

Con esta reforma, cualquier persona que:

• Maneje 25 mil pesos en criptomonedas, o
• Rente una propiedad por 15 mil pesos mensuales,
• Puede ser considerada sujeta a monitoreo, según la oposición.

Los legisladores que votaron en contra advirtieron que se abre la puerta a un uso discrecional de la información y posibles abusos sin control judicial.