Proponen eliminar el uso obligatorio de la toga en la Suprema Corte para promover pluralismo cultural

Ciudad de México.– Senadores de Morena y del PVEM propusieron modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para eliminar el uso obligatorio de la toga negra de seda y puños blancos por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El objetivo es permitir el uso de vestimenta formal o tradicional, acorde a los orígenes, costumbres y preferencias de cada juzgador.

La iniciativa, presentada por los senadores Laura Estrada Mauro y Antonino Morales Toledo (Morena, Oaxaca), y Luis Alfonso Silva Romo (PVEM), fue entregada a la Comisión Permanente del Congreso.

Fundamento de la propuesta

El uso de la toga está vigente desde 1941 por decreto presidencial. Sin embargo, los legisladores consideran que este atuendo simboliza elitismo y distancia entre el Poder Judicial y la ciudadanía, y que la SCJN debe avanzar hacia una representación más plural y cercana al pueblo, especialmente ante la designación del primer presidente indígena de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco.

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“La justicia que inicia debe vestir la indumentaria de nuestra gente… la gente del pueblo”, afirmó el senador Antonino Morales.

Aguilar Ortiz ya se había manifestado previamente en contra del uso de la toga tradicional, abriendo el debate sobre los símbolos del Poder Judicial y su modernización.

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Reacciones

• La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a Aguilar Ortiz y minimizó la controversia: “¿Tiene algo de malo no usar toga?”.
• En contraste, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, rechazó la propuesta. Argumentó que la toga tiene un simbolismo histórico y jurídico: el gramaje representa la gravedad del cargo, las mangas la amplitud interpretativa, y el color negro, la seriedad.

Estado de la iniciativa

Aunque la propuesta ha generado posturas encontradas, aún no ha sido incluida en la orden del día del próximo periodo extraordinario del Congreso. Su avance dependerá del consenso político y de la agenda legislativa.