INE dicta que, por falta de sentencias, los candidatos ganadores con denuncias por acoso y pensión alimenticia podrían asumir su cargo en el Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO.- — El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que ninguna de las candidaturas ganadoras para cargos del Poder Judicial federal tiene una sentencia firme que impida su nombramiento, aunque reconoció que sí hay acusaciones por acoso, hostigamiento y pensión alimenticia incumplida contra algunos de los aspirantes.

Durante la sesión del Consejo General del domingo, las consejerías lamentaron que autoridades jurisdiccionales de distintos niveles no respondieron a varios de los requerimientos enviados por el INE, lo cual impidió verificar si algunas personas candidatas estaban en una situación de inelegibilidad conforme a la norma “8 de 8 contra la violencia”.

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Al menos 3 candidatos con denuncias sin sanción

La consejera Carla Humphrey reveló que tres personas candidatas electas tienen señalamientos graves, aunque no se pudo comprobar su culpabilidad debido a la falta de investigaciones judicializadas.

• Jaime Vladimir Cisneros de la Cruz, electo como magistrado en materia administrativa en Nuevo León.

Ha sido señalado por acoso sexual contra alumnas a cambio de calificaciones. También ha sido denunciado en el movimiento Me Too, donde varias mujeres lo acusaron de represalias cuando rechazaban salir con él.

“No son denuncias judicializadas, pero en un país con altos niveles de impunidad, con una cultura judicial que no defiende a las mujeres y con elementos sumamente rígidos para actualizar la medida 8 de 8, no podemos someter estos señalamientos a un estándar jurídico y probatorio que le arroja una carga sobredimensionada a las mujeres”, explicó Humphrey.

• Sergio Díaz Rendón, quien será magistrado en la Sala Regional Monterrey.

Tiene una acusación como deudor alimentario. Aunque presentó una constancia de no estar inscrito en el registro nacional, existe un convenio no cumplido para el pago de la pensión de un menor.

• Finalmente, se mencionó a Genaro Antonio Valerio Pinillos, electo como magistrado en materia civil en Sonora.

Enfrenta señalamientos por acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder en juzgados donde trabajó. Según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), hay al menos siete investigaciones disciplinarias abiertas en su contra, iniciadas por ocho trabajadoras de distintos juzgados donde ha trabajado.

A pesar de ello, el INE no solicitó información al CJF, por lo que no pudo confirmar si los señalamientos constituyen un impedimento legal para asumir el cargo.

Consejerías critican la falta de cooperación

Ante estos casos, la consejera Claudia Zavala lamentó que, aunque había indicios de incumplimiento de la 8 de 8 contra la violencia, las autoridades responsables no proporcionaron la información solicitada.

“Lamentablemente, y debido a la ausencia de respuesta, es imposible que el INE emita un resultado concluyente respecto a los indicios detectados”, dijo.

Zavala hizo un llamado a las autoridades jurisdiccionales a colaborar con el Instituto, porque están en juego derechos de personas, tanto de quienes aspiran a cargos como de quienes podrían verse afectadas por su nombramiento.

En ese mismo sentido, la consejera Dania Ravel advirtió que la falta de respuesta no es un asunto menor:

“Lo que está en juego es el cumplimiento efectivo de la reforma constitucional, que desde el artículo 38 establece los supuestos bajo los cuales una persona tiene suspendidos sus derechos políticos”, señaló.

A pesar de las denuncias y señalamientos públicos, el INE concluyó que no hay impedimentos jurídicos para que las candidaturas ganadoras asuman su cargo, ya que no se cuenta con sentencias definitivas ni con la información necesaria que confirme las violaciones a la norma “8 de 8 contra la violencia”.