Acuerdo por maíz y tortilla solo beneficia a dos organizaciones; acusan que excluye a 110 mil tortillerías y molinos

CIUDAD DE MÉXICO.- — El convenio anunciado esta semana en Palacio Nacional para frenar el aumento del precio de la tortilla y reducirlo hasta en un 10% en los próximos meses, ha sido cuestionado por analistas y representantes del sector, quienes advierten que no tendrá impacto real si no se integran todas las tortillerías y molinos del país.

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López García, aclaró que el llamado Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla no es en realidad un pacto nacional, sino “un acuerdo entre dos organizaciones, no es nacional, participan entre 20 y 30 tortillerías a nivel país”.

Participación limitada y cuestionada

De acuerdo con López García, las dos organizaciones firmantes son el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, de Nezahualcóyotl, liderado por Sergio Fidencio Jarquin Muñoz, “organización muy nueva, tiene como 3 o 4 años en esto y no trae ni siquiera 15 afiliados y si de esos entran cuatro o seis en el acuerdo es muchísimo”.

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Así quedará el precio de la tortilla tras el Acuerdo Nacional que busca reducirlo entre un 5% y un 10%

La otra agrupación, añadió, es una unión de tortilleros de Durango encabezada por Antonio de la Torre, quien “no tiene ni 10 afiliados y de esos solamente 2 entrarán en el acuerdo, no llegan ni a 25 tortillerías de todo el país, porque los conozco muy bien”.

López García subrayó que para que el acuerdo tenga efectos reales en los precios, deben participar las más de 110 mil tortillerías activas en México, pues son ellas quienes fijan los precios de venta al consumidor final.

Obstáculos económicos para reducir precios

La promesa de reducir 10% el precio de la tortilla tampoco es viable en las condiciones actuales, explicó López García, debido a múltiples factores económicos que inciden directamente en los costos de producción.

Reducir el precio, señaló, implicaría que no suba el gas, que no se incrementen los aguinaldos, que no cambie la jornada laboral de 48 a 40 horas y que no aumente el precio de ningún insumo.

A esto se suman otros costos como el pago de seguridad social a los trabajadores y el uso obligatorio de papel grado alimenticio.

Señalan competencia desleal de tortillerías informales

Además, mencionó que la competencia desleal de tortillerías informales afecta al sector, ya que algunas pueden vender el kilo entre 21 y 22 pesos porque “se roban la luz, no pagan seguridad social de los trabajadores y operan en la informalidad”.

Detalló que el costo de producción real de un kilo de tortilla, pagando maíz, agua y cal, ronda los 22.15 pesos.

Si alguien lo vende en ese precio es porque no pagan nada, si fuera así estaría en 24 o 28 pesos el kilo y si se venden en 30, 31 y 32 pesos el kilo es porque se paga derecho de piso o extorsiones o se paga el maíz al doble de precio”.

Consultores advierten sobre el impacto limitado del acuerdo

Por su parte, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) coincidió en que mantener los precios estables requiere de una coordinación en toda la cadena productiva.

“Existen más de 110 mil tortillerías y molinos, tarea no fácil a realizar”, indicó la consultoría, al tiempo que consideró que “la meta de reducir 5% el precio de la tortilla es viable si participan todos los actores de la cadena: molinos, harineras y tortillerías. Ya que cada una tiene diferentes condiciones de mercado”.

GCMA señaló que el entorno actual es favorable por la caída del 4% en el mercado de futuros del maíz y por la apreciación del tipo de cambio, pero destacó que el volumen propuesto de 25 mil toneladas solo representa el 2% del consumo mensual nacional, lo que limita su efecto.

La industria harinera, con 20–25% del mercado, puede ajustar el precio de la harina, pero no puede garantizar el precio final de la tortilla sin colaboración del resto”, aclararon.

Precios dispares y propuestas para mejorar el sector

Actualmente, los precios de la tortilla varían ampliamente: en Sinaloa puede alcanzar los 29 pesos, en la Ciudad de México se ubica en 21 y en Puebla se vende en 17 pesos.

GCMA también subrayó que “no existen precios justos por sí mismos”, ya que deben determinarse por la oferta y la demanda.

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Incluso los precios subsidiados, como los de las Tiendas del Bienestar, representan una carga presupuestal considerable.

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La consultoría indicó que los créditos por 500 millones de pesos anunciados para modernizar tortillerías son fundamentales para mejorar la eficiencia y reducir costos.

No obstante, recomendaron “retomar esquemas como Agricultura por Contrato, con uso de herramientas como coberturas de precios y tipo de cambio y fortalecer precios de referencia y acuerdos de compraventa que otorgue certidumbre a productores, industria de la masa y de la harina, así como, comercializadores que atienden a la industria de Nixtamal”.