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Clausuran maderería fantasma en el Estado de México: operaba sin permiso y ocultaba origen de la madera

Profepa clausuró una maderería en Temoaya, Estado de México, por operar sin permisos ni acreditar el origen legal de la madera. También se iniciará una denuncia penal.

Temoaya, Estado de México, 13 de junio de 2025. — Un fuerte golpe al comercio forestal irregular sacudió al municipio de Temoaya, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara una maderería que operaba sin permisos y sin acreditar la procedencia legal de sus productos.

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La inspección se realizó en la maderería “Hacienda o Micaelina Pérez”, ubicada sobre la carretera Toluca–Temoaya, en la localidad de San Antonio, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre presuntas actividades ilegales relacionadas con la venta de madera.

No acreditaron origen legal ni mostraron documentos, pese a citatorio

El pasado 26 de mayo, inspectores de Profepa acudieron al establecimiento para verificar su situación legal. Sin embargo, ningún responsable se presentó, y el sitio no mostró aviso de funcionamiento emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Tampoco se presentó ningún documento que comprobara la legal procedencia de los productos forestales maderables, lo cual es obligatorio según la legislación vigente. Lo más grave: ya había existido un citatorio previo, y aún así se evadió la obligación de presentar los papeles.

Profepa cierra la maderería y prepara denuncia penal

Ante estas graves omisiones, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total y temporal del sitio, y adelantó que iniciará un procedimiento administrativo, además de que presentará una denuncia penal por los hechos detectados.

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La dependencia reiteró que mantendrá firme su compromiso con la protección de los recursos forestales del país y seguirá atendiendo denuncias ciudadanas, que son clave para frenar el comercio ilegal de madera.

La ciudadanía juega papel crucial contra delitos ambientales

El caso refuerza la importancia de la denuncia popular como herramienta de vigilancia ambiental. Gracias a este reporte, se evitó que un negocio sin regulación continuara operando al margen de la ley y con posibles afectaciones al medio ambiente.

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