Proponen hasta ocho años de cárcel para “montachoques”: Esto se sabe
El legislador subrayó que la impunidad en estos casos ronda el 100 por ciento.
MÉXICO.- Una iniciativa presentó el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para reformar el artículo 390 del Código Penal Federal y combatir a los “montachoques”.
Según Milenio, estos provocan de forma deliberada accidentes viales para extorsionar a sus víctimas.
Ya la propuesta está en la Comisión de Justicia y busca imponer penas de dos a ocho años de prisión y multas de 40 a 160 días a quienes incurran en este delito en caminos de jurisdicción federal.
Una práctica delictiva en crecimiento
Carrillo Soberanis explicó que en los últimos años esta modalidad delictiva ha tomado fuerza en distintas regiones del país.
Estos “montachoques” se encargan de operan con violencia, amenazas o intimidación para forzar a los conductores implicados a pagar por daños simulados o exagerados.
Dice que la práctica ha llegado a niveles alarmantes, al convertirse en una fuente constante de ingresos para bandas organizadas que actúan con impunidad, aprovechando los vacíos legales y la falta de mecanismos efectivos de control.
Impunidad casi total, advierte legislador
El legislador subrayó que la impunidad en estos casos ronda el 100 por ciento, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, por ausencia de estrategias y poder enfrentar las diversas formas que adopta la extorsión.
Entre los factores que contribuyen a esta situación mencionó la falta de compromiso institucional, los obstáculos en los procesos de denuncia, la respuesta deficiente de las autoridades y el desinterés de las víctimas en presentar cargos, muchas veces por temor o desconfianza.
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Urge adaptar la ley a nuevas realidades
Carrillo Soberanis enfatizó que es urgente actualizar el marco legal.
“Es imprescindible que las leyes se adapten a las nuevas realidades digitales y que los mecanismos de protección, prevención y sanción sean más eficaces”.
La iniciativa busca llenar un vacío legal, ya que la legislación vigente no contempla de manera específica este tipo de engaños, que combinan elementos de fraude, extorsión y violencia, especialmente en entornos urbanos y de tránsito federal.