Suprema Corte de EEUU absuelve a fabricantes de armas acusados por México de abastecer al crimen organizado
La Ley PLCAA protege a fabricantes para evitar demandas, cuando las armas son usadas ilegalmente.
WASHINGTON, Estados Unidos.- La Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó este jueves, de manera unánime, que el gobierno mexicano no puede responsabilizar legalmente a fabricantes estadounidenses de armas por el tráfico ilegal de estos artefactos hacia México, que alimenta la violencia de los cárteles.
En su fallo, la jueza Elena Kagan, representante del ala liberal del tribunal, señaló que la demanda presentada por México “no logró demostrar de manera plausible” que las empresas armamentísticas “ayudaron e instigaron” directamente las ventas ilegales de armas a traficantes mexicanos.
Sin embargo, el máximo tribunal reconoció que México enfrenta “un grave problema de violencia con armas de fuego” y que es probable que algunos fabricantes estén al tanto de que sus productos terminan en el mercado ilícito.
La decisión respalda la aplicación de la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2006, que protege a los fabricantes de ser demandados por daños causados con sus productos cuando se usan ilegalmente. Noel Francisco, abogado de los fabricantes, celebró el veredicto y afirmó que sus clientes no pueden ser culpados por el mal uso que criminales dan a las armas.
México mantiene su postura
Jonathan Lowy, abogado que representó a México, criticó el fallo y la PLCAA, pero destacó que la Corte no avaló la inmunidad total que buscaba la industria armamentística. “El tribunal no negó nuestras pruebas de que estas empresas lucran con el tráfico ilegal”, afirmó.
Por su parte, Pablo Arrocha Olabuenaga, asesor legal de la Cancillería mexicana, expresó su decepción pero aseguró que el gobierno continuará explorando acciones legales. Entre ellas, destacó una demanda pendiente contra comerciantes de armas en Arizona, así como gestiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la OEA.
La demanda fue presentada en 2021 contra siete fabricantes, incluyendo a Smith & Wesson, acusados de negligencia al no evitar que sus armas llegaran a cárteles. En 2024, una corte de apelaciones había permitido que el caso avanzara, pero la Corte Suprema lo frenó definitivamente.
Organizaciones estadounidenses contra la violencia armada, como el Center for American Progress, respaldaron la postura de México. Nick Wilson, experto del centro, advirtió que la impunidad de la industria armamentística “socava la seguridad nacional y agrava la crisis migratoria”.
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Aunque este capítulo legal concluye, el gobierno mexicano ha dejado claro que no cesará en su lucha por frenar el flujo de armas ilegales. Mientras, la industria celebra el fallo como un respaldo a su argumento: solo pueden ser responsables del comercio lícito dentro de Estados Unidos.
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