Proponen sancionar a quienes no voten en elecciones del poder judicial; implicaciones y estado actual de la propuesta
La iniciativa plantea que, en caso de abstención injustificada, la credencial para votar emitida por el INE sea cancelada como identificación oficial por un periodo de un año.
Ciudad de México.- El diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una reforma constitucional para establecer como obligatorio el voto ciudadano y sancionar a quienes no participen en las elecciones, consultas populares o procesos de revocación de mandato.
La iniciativa plantea que, en caso de abstención injustificada, la credencial para votar emitida por el INE sea cancelada como identificación oficial por un periodo de un año.
El voto como obligación constitucional
Actualmente, el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala el voto como una obligación cívica, pero no contempla sanciones en caso de no cumplirla. La propuesta busca reformar la fracción III de dicho artículo para darle fuerza legal vinculante.
“Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley”, indica el nuevo párrafo propuesto.
Justificación y comparativa internacional
En la exposición de motivos, Miranda Barrera argumenta que el voto dota de legitimidad a los gobiernos y fortalece la rendición de cuentas de las autoridades.
También señala que en países como Bélgica, Australia, Brasil y Argentina el voto es obligatorio y las sanciones por abstenerse van desde multas económicas hasta restricciones administrativas.
En dichos países, la participación electoral supera regularmente el 75 %, mientras que en México fue del 61 % en los comicios federales más recientes.
¿Qué implica la sanción?
De aprobarse, la medida implicaría que quienes no voten sin causa justificada perderán temporalmente la validez de su credencial para votar como medio de identificación oficial, aunque no se ha detallado si ello también afectaría su uso para trámites bancarios, notariales o gubernamentales.
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Estado actual de la propuesta
La iniciativa se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y aún no tiene fecha para ser debatida o votada. Para ser aprobada, requeriría mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y la ratificación por al menos 17 congresos estatales.
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