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EEUU presenta cargos por huachicoleo a Pemex mediante el CJNG

La DEA señalan al petróleo crudo como “la mayor fuente de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos”.

EEUU presenta cargos por huachicoleo a Pemex mediante el CJNG

ciu — Dos ciudadanos estadounidenses residentes en Utah están siendo procesados por su presunta participación en una red de contrabando de petróleo crudo robado a Petróleos Mexicanos (Pemex), en colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que ha sido designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, y James Lael Jensen, de 68, fueron acusados formalmente por el Departamento de Justicia de EEUU por conspiración para cometer lavado de dinero, así como por su implicación en una operación de contrabando a gran escala.

Arroyo Terminals, empresa señalada de contrabando de petróleo

De acuerdo con las autoridades, ambos operaban la empresa Arroyo Terminals, ubicada en Río Hondo, Texas. A través de esta firma, realizaron múltiples transacciones financieras con el objetivo de ocultar el origen ilícito de las ganancias derivadas del contrabando de petróleo crudo.

Según los cargos, también facilitaron la entrada fraudulenta de unos 2 mil 881 cargamentos del hidrocarburo, infringiendo la Ley Arancelaria de Estados Unidos.

Foto: Arroyo Terminals/Oficina de Transporte de Estados Unidos.

Una investigación publicada por el medio Valley Central reveló que el crudo robado a Pemex era ingresado al país bajo la clasificación de “aceite usado”, con lo cual intentaban disfrazar su origen y contenido.

Las autoridades señalan que se trataba de una operación compleja que buscaba movilizar millones de dólares en crudo ilegal, mientras se lavaban las ganancias para ocultar su procedencia.

Captura del oficio donde presuntamente se solicita la autorización para el ingreso de el ingreso de "aditivo de aceites lubricantes a granel" por la aduana de Guaymas, Sonora. | Especial

Lo que inició como una investigación de narcotráfico de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se transformó en un multifacético caso que involucra una presunta y compleja operación criminal que genera millones de dólares del petróleo crudo, la mayor fuente de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos”, declara William Kimbell, agente especial interino a cargo de la DEA en Houston.

Agregó que “dado que los cargos tienen profundas implicaciones tanto para Estados Unidos como para México, continuaremos explorando todas las pistas e identificando a cualquier presunto implicado.

La colaboración con las fuerzas del orden federales, los fiscales y las agencias estatales fue crucial para esclarecer estos presuntos delitos y continuará hasta que se desmantelen dichas operaciones”.

Investigaciones por el contrabando de petróleo crudo

En el momento en que se realizaron los arrestos iniciales, las autoridades incautaron cuatro barcazas cisterna con petróleo crudo, tres camiones cisterna comerciales, una camioneta perteneciente a Arroyo Terminal y otro vehículo particular.

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También se solicitó la confiscación de la propiedad de Arroyo Terminal, incluidos sus tanques de almacenamiento y otros bienes inmuebles.

Como parte del proceso judicial, la acusación formal contempla la posibilidad de que Estados Unidos solicite una sentencia económica por 300 millones de dólares en caso de condena.

Las penas de muerte por el huachicoleo a Pemex

Los cargos contra los Jensen podrían resultar en duras sentencias. La conspiración para proporcionar apoyo material y lavado de dinero conlleva penas de hasta 20 años de prisión.

En caso de ser hallados culpables de complicidad en el contrabando mediante declaraciones falsas, podrían enfrentar 10 y cinco años de prisión, respectivamente.

Adicionalmente, James Jensen enfrenta un cargo por gastos asociados al lavado de dinero, lo que podría sumarle 10 años más de cárcel.

La llamada Operación Muerte Líquida involucró a múltiples agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento del Tesoro y otras entidades federales.

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