¿Ciudadanos podrían perder su credencial del INE por un año? Esta sería la propuesta hecha por un diputado

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Enrique Miranda Barrera, presentó una iniciativa que busca sancionar a los ciudadanos que se abstengan de votar en elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato.

La propuesta plantea una reforma al artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se incluya el voto como una obligación ciudadana, y se establezcan consecuencias legales por no ejercer este derecho, incluyendo la cancelación temporal de la credencial del INE como medio de identificación oficial, según Infobae.

¿Qué plantea la iniciativa?

El documento propone que la credencial para votar, emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) —reconocida además como una identificación oficial indispensable para trámites públicos y privados— pierda su validez por un periodo de un año para quienes no acudan a votar, sin justificación, en procesos electorales.

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“De no acudir a votar en dichos procesos, se cancelará la credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral como medio de identificación oficial por un periodo de un año”, señala el texto de la iniciativa.

Fundamentos de la propuesta

En la exposición de motivos, el legislador argumenta que el voto ciudadano otorga legitimidad a los gobiernos y es una vía para exigir rendición de cuentas a las autoridades. Además, subraya que países como Bélgica, Australia, Brasil y Argentina ya cuentan con voto obligatorio, lo que ha resultado en tasas de participación superiores al 75 %.

En contraste, en México la participación fue del 61 % en las últimas elecciones, según datos oficiales.

“Las sociedades democráticas reconocen el valor fundamental de los votos de la ciudadanía para el mejoramiento y la construcción de instituciones”, sostiene el diputado.

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¿Qué sigue?

La iniciativa aún no ha sido discutida ni votada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, por lo que no hay una fecha prevista para su aprobación o rechazo.

Sin embargo, ha generado debate sobre el equilibrio entre derechos y obligaciones democráticas, y las posibles implicaciones de condicionar el uso de la credencial del INE.