Investigan a 12 funcionarios por fallas en inspección del rancho Izaguirre; podrían pasar hasta 5 años en prisión

CIUDAD DE MÉXICO. 29 DE MAYO DE 2025.- La Fiscalía Anticorrupción del estado de Jalisco investiga a 12 servidores públicos por posibles omisiones y negligencias durante una inspección en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.

Entre los señalados se encuentran agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos criminalistas y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

El fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz, explicó en entrevista que la investigación comenzó con el objetivo de esclarecer cómo actuaron los funcionarios y si siguieron los protocolos adecuados.

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“Empezamos a checar cuál había sido la actuación del personal de la fiscalía del estado, cómo fue que llevaron a cabo sus actos de investigación”, dijo, según Milenio.

Según sus declaraciones, se encontraron múltiples irregularidades en el manejo de la escena del crimen.

También señaló que algunos indicios importantes —como ropa, zapatos y vehículos— no fueron tratados correctamente, lo que podría considerarse abuso de autoridad y negación de acceso a la justicia, de acuerdo con el Código Penal de Jalisco.

Posibles sanciones y perfiles investigados

Las personas investigadas podrían enfrentar penas de uno a cinco años de prisión, aunque el fiscal lamentó que las sanciones no sean más severas.

“De una manera desafortunada las penas no son elevadas”, afirmó el fiscal, según Milenio.

Además de las consecuencias penales, también se busca aplicar sanciones administrativas.

Los delitos imputados incluyen abuso de autoridad y faltas cometidas en la administración de justicia. De la Cruz indicó que al menos cuatro peritos no siguieron los procedimientos adecuados y que también se investiga a quien los coordinaba, un funcionario de nivel subdirección.

El fiscal fue claro al señalar que tanto quienes dirigen como quienes ejecutan las órdenes deben asumir responsabilidades.

También reconoció que, hasta el momento, no han tenido acompañamiento de colectivos de búsqueda o comisiones de derechos humanos, aunque están abiertos a futuras colaboraciones.

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