Exfuncionaria de Sedesol busca frenar juicio por caso relacionado con la “Estafa Maestra” del sexenio de Enrique Peña Nieto

CIUDAD DE MÈXICO.- Wendy Gabriela Arrieta Camacho, quien ocupó el cargo de directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), recurrió a la justicia federal para revertir la negativa de un juez que le rechazó el amparo con el que pretendía detener el juicio en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de servicios durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El caso fue turnado al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que deberá definir en los próximos días si mantiene o modifica la resolución dictada por el juez Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

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Se le atribuye firma de contrato por más de 23 millones de pesos

Las autoridades señalan que Arrieta Camacho habría autorizado un contrato millonario con una universidad pública, el cual está bajo sospecha debido a que se subcontrató a una empresa privada en un porcentaje muy superior al permitido. La exfuncionaria firmó el anexo técnico número 3 de un convenio fechado el 6 de mayo de 2013, cuando Rosario Robles era titular de la Sedesol.

Dicho acuerdo establecía que la universidad no debía subcontratar más del 49% del monto pactado; sin embargo, se transfirieron más de 21 millones de pesos (más del 92%) a la firma Fralo Soluciones Tecnológicas.

Arrieta se mantiene en libertad y no tiene restricciones judiciales, además de que hasta el momento no se ha llevado a cabo la audiencia intermedia en el proceso penal.

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Juez consideró improcedente cancelar el juicio

En su demanda, la exfuncionaria impugnó una decisión del 3 de julio de 2024, emitida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien rechazó cancelar el proceso penal que se le sigue.

El juez argumentó que la defensa intentaba reabrir un debate jurídico ya resuelto al momento de dictarse la vinculación a proceso, y que no fue impugnado oportunamente a través de recursos legales. Añadió que un fallo previo del mismo tribunal colegiado sobre una causa distinta no era aplicable a este expediente, pues los hechos y circunstancias eran diferentes.

También destacó que la imputación no se sustenta únicamente en normas administrativas, sino que incluye disposiciones legales y principios constitucionales que respaldan la continuidad del proceso.

Antecedentes del esquema de desvíos

La Fiscalía General de la República acusó en 2023 a Arrieta Camacho como parte de las investigaciones derivadas del caso conocido como la “Estafa Maestra”, una red de presunta corrupción que implicó a varias dependencias federales, universidades públicas y empresas privadas.

El caso fue revelado en 2017 a través de una investigación periodística que detalló cómo fueron desviados cientos de millones de pesos del erario mediante contratos simulados y empresas fantasma, lo que fue calificado por la Auditoría Superior de la Federación como un esquema de fraude y corrupción.

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