Organizaciones denuncian crisis de derechos humanos en Oaxaca y señalan omisión del gobierno de Salomón Jara

Oaxaca, Oaxaca.— Un total de 33 organizaciones defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio alertaron sobre la profunda crisis de garantías individuales que vive el estado de Oaxaca, la cual —afirman— ha sido ignorada y negada por la administración del gobernador Salomón Jara Cruz.

Durante una conferencia de prensa, activistas presentaron el documento “Situación sobre el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el estado de Oaxaca”, entregado el pasado 9 de mayo a representantes de la Embajada de los Países Bajos, donde se expone un panorama preocupante en materia de violencia, salud, diversidad sexual y criminalización de la protesta social.

Entre las problemáticas destacadas se encuentran los asesinatos por conflictos agrarios, las agresiones a defensores del territorio, el aumento de la violencia feminicida, la precariedad del sistema estatal de salud y las violaciones al derecho a la libre organización y participación ciudadana.

Uno de los casos más alarmantes mencionados fue el de la activista Sandra Domínguez, desaparecida en octubre de 2024 y hallada sin vida en abril de este año.

Las organizaciones también denunciaron que Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de personas defensoras, seguido de Guerrero y Chiapas.

Además, se documentaron 237 muertes violentas de mujeres durante la administración actual, según el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”.

Señalan deterioro del sistema público

En materia de salud, señalaron el deterioro del sistema público con ejemplos como la suspensión de servicios en el hospital Doctor Aurelio Valdivieso, debido a la falta de insumos, medicamentos y personal suficiente.

Los defensores enfatizaron que sus acciones no responden a fines políticos, sino a la necesidad de visibilizar la crisis y proponer soluciones.

Para ello, han elaborado un decálogo de recomendaciones que entregarán a las autoridades estatales, con el objetivo de abrir mesas de trabajo y revertir la situación.

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Neftalí Reyes Méndez, del Frente No a la Minería, declaró que el gobierno de Jara “simboliza una regresión en términos de derechos humanos” y que, en lugar de atender las denuncias, ha criminalizado a quienes exigen justicia y transparencia.

“Lo más grave —añadió— es que se utiliza el aparato gubernamental para deslegitimar a la sociedad civil, lo que pone en riesgo a quienes se atreven a señalar esta crisis”.