Clausuran obras en playas de Oaxaca por dañar manglares protegidos: más de 2 mil m² afectados

Oaxaca, Oax.– — Dos desarrollos inmobiliarios que avanzaban sobre ecosistemas protegidos fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tras detectarse daños a manglares y vegetación forestal en las playas de Agua Blanca y Estacahuite, en la costa del estado de Oaxaca.

Te puede interesar: Profepa clausura predios por tala ilegal en Veracruz; detectan más de 48 m³ de madera extraída sin permiso

El operativo se realizó el 30 de abril, cuando personal de la Profepa ejecutó dos clausuras temporales totales por la realización de obras sin autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y humedales costeros.

México

68 playas del Caribe mexicano afectadas por sargazo, Semana Santa 2026 inicia con alertas para turistas

Daño ambiental en áreas clave para la biodiversidad

La primera clausura ocurrió en playa Agua Blanca, ubicada en el municipio de Santa María Tonameca, donde un proyecto inmobiliario estaba afectando manglares en una superficie de 124 metros cuadrados.

La segunda acción se llevó a cabo en playa Estacahuite, en Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, donde también se desarrollaban actividades sin autorización en un área forestal, con una afectación de 1,933.22 metros cuadrados.

Manglares en peligro y normativas violadas

Los manglares impactados están catalogados como especies en riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010, además de estar amparados por la NOM-022-SEMARNAT-2003, que regula la conservación de humedales costeros en zonas de mangle.

También te puede interesar: Profepa clausura obras en Querétaro por cambio de uso de suelo sin autorización

Estas zonas no sólo son hábitats esenciales para la fauna, sino que también previenen la erosión costera y mitigan los efectos del cambio climático. Su alteración constituye una violación directa a la legislación ambiental federal.

Autoridades reafirman su compromiso ambiental

La Profepa señaló que las obras clausuradas carecían de las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo. Los sellos de clausura fueron colocados como medida de seguridad, y los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas y penales.