Más de 2 mil mujeres están presas por delitos de drogas en México y no podrán votar el 1 de junio

En México, aproximadamente dos mil mujeres están privadas de su libertad por delitos relacionados con las drogas. Muchas de ellas fueron detenidas en condiciones injustas y sin una investigación profunda sobre su responsabilidad real.

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¿Por qué estas mujeres no podrán participar en las elecciones judiciales del 1 de junio?

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que las personas en prisión preventiva oficiosa no podrán participar en las elecciones judiciales del próximo domingo 1 de junio de 2025. La razón principal es la falta de recursos económicos para incluir a todas las personas privadas de su libertad en el proceso.

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Esto ha generado inconformidad entre mujeres como Alex, quien considera que se está excluyendo del ejercicio democrático a personas que aún no han sido sentenciadas de manera definitiva, y que muchas veces enfrentan procesos penales sin acceso a una defensa adecuada.

Tipo de mujeres que están siendo detenidas por delitos de drogas

Según Adriana Muro, directora de la organización Elementa DDHH, las mujeres más vulnerables son quienes están siendo encarceladas, mientras que los líderes de alto nivel del narcotráfico son liberados o extraditados a Estados Unidos.

Esta situación también fue explicada por Ángela Guerrero, fundadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA), quien indicó que muchas de las mujeres detenidas no forman parte activa del crimen organizado, sino que fueron involucradas por vínculos de poder con parejas, padres u otras personas cercanas. De 50 mujeres entrevistadas en el Cefereso 16, el 80 por ciento había sido víctima de violencia ejercida por hombres cercanos a ellas.

¿Cuánto ha aumentado el encarcelamiento de mujeres en los últimos años?

En los últimos seis años, el número de mujeres encarceladas en México por delitos relacionados con drogas ha aumentado un 22%, de acuerdo con la organización Equis Justicia. Mientras tanto, el tráfico de drogas continúa sin ser afectado significativamente, lo que ha llevado a diversas voces a cuestionar la efectividad del enfoque de seguridad nacional.

El problema, explican activistas, también responde a políticas internacionales que priorizan la detención de eslabones bajos en la cadena del narcotráfico y no de quienes realmente lideran estas redes.

¿Qué se está haciendo para liberar a estas mujeres?

Frente a este panorama, organizaciones de la sociedad civil han desarrollado un “mecanismo estratégico” para lograr la liberación de mujeres encarceladas injustamente por delitos menores relacionados con drogas. A través de este mecanismo ya se ha conseguido la libertad de alrededor de 8 mujeres.

Además, se lanzó la campaña de recaudación de fondos “Libéralas”, con la que se busca pagar las multas de cinco mujeres más antes del 30 de mayo de 2025. Esta campaña representa una alternativa concreta para apoyar a quienes no deberían estar tras las rejas, según las organizaciones involucradas.

Señalan fallas en el sistema de justicia penal

De acuerdo con El Sol de México, las activistas Adriana Muro y Ángela Guerrero coinciden en que el sistema de justicia penal en México es punitivo y no investiga adecuadamente los casos. Denuncian que hay fiscalías que no profundizan en los hechos, defensores públicos que no cumplen con su papel y jueces que no aplican una perspectiva de género al momento de dictar sentencias.

Esta combinación de factores ha derivado en un encarcelamiento masivo de mujeres por delitos menores, muchas veces sin haber tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente o de explicar el contexto de violencia que las llevó a esa situación.

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Rlación con la violencia estructural en México

La criminalización de mujeres por delitos de drogas está vinculada a una estructura de violencia más amplia en el país. Muchas de estas mujeres son detenidas por vivir en condiciones de pobreza, por tener vínculos con hombres implicados en el crimen organizado, o por haber sido víctimas de violencia doméstica, emocional o sexual.

Las organizaciones que trabajan con mujeres privadas de la libertad insisten en que es urgente revisar las políticas de drogas y justicia penal con un enfoque más humano y justo.

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