Juez le ordena a la Secretaría de Bienestar aumentar la pensión a niño con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO. 20 DE MAYO DE 2025.- Un juez federal concedió un amparo a una madre que lucha por el bienestar de su hijo de ocho años, quien vive con microcefalia, disgenesia cerebral y síndrome de West, además de estar en situación de pobreza.

Según Milenio, la sentencia ordena a la Secretaría del Bienestar (Sebien) revisar las reglas de su programa de pensión para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizarle al menor un apoyo económico mayor, o al menos igual, al que reciben actualmente las personas adultas mayores.

Origen del caso

El caso inició en julio de 2023, cuando la madre del menor solicitó un incremento en la pensión que recibe su hijo. Explicó que el apoyo actual es insuficiente para cubrir las necesidades básicas que requiere su cuidado y tratamiento. Sin embargo, la Secretaría respondió que no podía aumentar el monto debido a lo establecido en el numeral 3.5.1 de las reglas de operación del programa.

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El juez Aurelio Damián Magaña, del Primer Distrito en el Estado de México, analizó el caso y resolvió que la Secretaría del Bienestar debe reinterpretar dicha regla, considerando los derechos humanos y la especial situación del menor. Aunque reconoció que la norma en sí no viola derechos, señaló que fue aplicada de forma limitada y sin enfoque en la protección integral del niño.

La nueva interpretación deberá permitir que el menor reciba una pensión más justa, tomando como base el principio de no discriminación y el derecho a una vida digna.

Además, la Secretaría deberá pagar de manera retroactiva desde julio de 2023, fecha en que se solicitó originalmente el aumento.

Un fallo que sienta precedente

Este fallo es importante porque marca un precedente en la forma en que deben aplicarse las reglas de los programas sociales, especialmente cuando se trata de niñas y niños con discapacidad en situación vulnerable.

El juez recordó que México está comprometido internacionalmente a proteger los derechos de estas personas, asegurando políticas públicas que garanticen su acceso a una vida digna y a servicios adecuados.

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