Detectan red de corrupción que “financió” bloqueo en el Puerto de Manzanillo
Agentes aduanales y exfuncionarios habrían pagado a manifestantes para paralizar el segundo puerto más importante del país; ya hay detenidos y la FGR sigue investigando.

Autoridades federales y estatales descubrieron una red de corrupción detrás del bloqueo que mantuvo paralizado durante casi una semana el Puerto de Manzanillo, en Colima, uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías en México, según informó Milenio Noticias.
La protesta, que inicialmente fue presentada como una inconformidad laboral por el despido de cinco empleados de la aduana, terminó revelando una operación más compleja: un intento coordinado de desestabilización financiado con recursos ilegales.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el bloqueo fue promovido por personas vinculadas a actos de corrupción dentro del recinto portuario, incluyendo agentes aduanales y exfuncionarios cesados, quienes habrían entregado dinero en efectivo a los manifestantes.
El diario Milenio asegura que tuvo acceso a imágenes que muestran a individuos llegando en camionetas de lujo y repartiéndoles efectivo a los presuntos inconformes. En una de las fotografías, se observa a un hombre con camisa blanca y gorra negra entregando fajos de billetes a quienes obstruían los accesos.
Una protesta con financiamiento oscuro
El conflicto comenzó tras el despido de cinco funcionarios por presuntas irregularidades relacionadas con la entrada ilegal de productos que evadieron el pago de impuestos.
Los cesados son: Jorge Elizalde Francés, subdirector de Operaciones de la Aduana; Joaquín López Jiménez, jefe de Vigilancia y Control; Susana López Mendoza, jefa del Departamento de Operaciones; y los empleados Juan Mizael Barriga y Edgar Rodríguez Ávila.
De acuerdo con la investigación, estos exservidores públicos habrían facilitado el ingreso de mercancías al país sin el pago correspondiente de aranceles, lo que derivó en al menos 80 irregularidades detectadas por las autoridades. Tras ser destituidos, participaron o financiaron el bloqueo como represalia.
El presunto operador de la protesta fue identificado como Omar Orlando Chávez, quien habría convocado a personas ajenas al puerto para sumarse al bloqueo, elevando así la presión sobre las autoridades.
Alegan hostigamiento laboral
Por su parte, los trabajadores que participaron en la protesta negaron estar involucrados en actos de corrupción y argumentaron que su inconformidad respondía a jornadas laborales abusivas, de hasta 18 horas diarias, y a presuntos actos de hostigamiento dentro del recinto.
Sin embargo, el desarrollo de las investigaciones apunta a que la manifestación fue manipulada por intereses ajenos a una legítima defensa laboral, en un intento por proteger una estructura de corrupción dentro del sistema aduanero.
Operativo y detenciones
La madrugada del viernes, fuerzas federales y estatales realizaron un operativo conjunto que logró desalojar a los manifestantes y liberar los accesos al puerto, que permanecían bloqueados desde el lunes. Durante el operativo fueron detenidas varias personas presuntamente vinculadas a la red de corrupción que operaba dentro de la aduana.
La FGR aseguró que las investigaciones continúan para identificar a todos los implicados en los actos ilícitos y establecer responsabilidades penales.
Refuerzan vigilancia en el puerto
Tras los hechos, el gobierno federal ordenó el reforzamiento de los controles de seguridad y vigilancia en el Puerto de Manzanillo.
El objetivo, según informaron fuentes oficiales, es evitar que se repitan situaciones similares y garantizar el flujo legal y seguro de mercancías, así como la transparencia en las operaciones aduaneras.
El Puerto de Manzanillo es considerado la segunda aduana más importante de México, sólo después de Lázaro Cárdenas, y maneja más del 40% de la carga contenerizada que entra al país por vía marítima.
Su paralización durante seis días generó preocupación en los sectores logístico y comercial por las afectaciones al comercio internacional.
Las autoridades reiteraron su compromiso para combatir la corrupción en todos los niveles y recuperar la confianza en los procesos de comercio exterior en México.
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