EEUU identifica red criminal que trafica crudo robado de México con apoyo de cárteles

Una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de petróleo crudo robado de México hacia Estados Unidos fue identificada por el gobierno estadounidense.

Según el informe de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), esta red opera en coordinación con cárteles mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.

La operación ilícita ha derivado en pérdidas multimillonarias tanto para la industria petrolera mexicana como para empresas estadounidenses, en un esquema complejo que involucra robo de hidrocarburos, contrabando, lavado de dinero y redes empresariales falsas, indican las autoridades.

México

Empresarios mexicanos son vinculados a familia estadounidense acusada de la gran red de huachicol fiscal binacional financiada por el CJNG

Operativo Top Fuel: una respuesta conjunta a la “muerte líquida”

Ante esta amenaza, Estados Unidos puso en marcha el Operativo Top Fuel, también conocido como Muerte Líquida, enfocado no solo en el tráfico de drogas como metanfetamina y heroína, sino en el creciente mercado negro de crudo y gas que cruza la frontera entre México y Texas.

La DEA señala que esta red criminal adquiere petróleo robado directamente de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de grupos del crimen organizado en México. Posteriormente, el combustible es trasladado a territorio estadounidense mediante declaraciones aduanales falsas y vendido a compañías energéticas, lo que constituye una nueva y lucrativa fuente de financiamiento para los cárteles.

El crudo es extraído ilegalmente y luego traficado hacia Estados Unidos para su venta a empresas energéticas, como parte de un esquema sofisticado de lavado de dinero”, detalla el reporte oficial.

Pérdidas fiscales y comerciales para ambos países

De acuerdo con la DEA, este esquema criminal ha provocado la pérdida de decenas de miles de millones de pesos anuales para México en concepto de impuestos, mientras que en Estados Unidos las pérdidas ascienden a miles de millones de dólares, debido a la afectación en el flujo legítimo de importaciones y exportaciones de hidrocarburos.

Se trata de una forma de saqueo transfronterizo que afecta a la industria energética de ambos países y fortalece económicamente a los grupos delictivos”, subraya el informe.

Sanciones y detenciones: el caso de Iván Cazarín y la familia Jensen

Como parte de las primeras acciones contra esta red, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA sancionaron en septiembre de 2024 a nueve ciudadanos mexicanos y 26 empresas vinculadas al tráfico de combustible robado.

Entre los señalados está Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, un presunto operador del CJNG en los estados de Jalisco y Veracruz. Las autoridades estadounidenses lo acusan de dirigir una red dedicada a la extracción ilegal de crudo, con el apoyo de empresas fachada como Etanofuel y Energy, y del uso de gaseras que operaban con respaldo del crimen organizado.

El caso también ha tocado a ciudadanos estadounidenses. La familia Jensen, originaria de Utah, fue identificada como uno de los principales nexos logísticos para el contrabando de crudo. Los esposos James L. Jensen y Kelly Anne Jensen, junto con sus hijos Maxwell y Zachary Jensen, fueron arrestados y enfrentan cargos por introducir a EE.UU. alrededor de 300 millones de dólares en petróleo robado entre mayo de 2022 y marzo de 2025.

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los Jensen usaron empresas pantalla como Arroyo Terminals, LLC; Big Hog Energy, LLC; y Jentran, LLC para lavar al menos 47 millones de dólares provenientes de los cárteles, simulando la importación de aceites lubricantes o derivados del petróleo.

El crudo era adquirido únicamente a empresas que contaban con autorización de organizaciones criminales mexicanas”, detalló la acusación formal.

Empresas estadounidenses bajo la lupa

La siguiente fase del Operativo Top Fuel se enfocará en las compañías estadounidenses que participaron —con conocimiento o sin él— en la compra del crudo robado, informó la DEA. Las autoridades buscan desarticular toda la cadena de valor que facilita el flujo de recursos hacia las organizaciones criminales mexicanas.