Sinaloa endurece medidas contra el “halconeo”: entra en vigor reforma al Código Penal

Guamúchil, Sinaloa. — Entró en vigor la reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa que tipifica como delito las actividades de vigilancia ilícita conocidas como “halconeo”. Esta modificación legal ya fue publicada en el Periódico Oficial del estado y forma parte de los esfuerzos del Grupo Interinstitucional en materia de seguridad para combatir la operación de grupos delictivos.

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El nuevo Capítulo VI Bis del Código Penal sanciona a quien aceche, vigile, espíe o proporcione información sobre las actividades de elementos de seguridad pública, ya sea por medios físicos o electrónicos, siempre que ello tenga fines ilícitos. El objetivo de esta reforma es frenar la colaboración indirecta con la delincuencia organizada que obstaculiza detenciones, operativos o investigaciones.

Primer detenido es vinculado a proceso por “halconeo”

El mismo día que entró en vigor esta reforma, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de su Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Narcomenudeo (Región Centro-Norte), informó la vinculación a proceso de Juan Alfredo “N”, presunto responsable de este delito.

Los hechos ocurrieron en la colonia Centro de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, mientras elementos de la Guardia Nacional patrullaban la zona. Durante el operativo, observaron a un hombre a bordo de una motocicleta que, presuntamente, vigilaba e informaba sus movimientos mediante un radio de comunicación.

Aseguran radio y ponchallantas durante detención

Durante la detención de Juan Alfredo “N”, se le decomisó un radio portátil y una cubeta con 40 artefactos metálicos conocidos como estrellas ponchallantas, usados comúnmente para obstaculizar la labor de las autoridades. El Juez de Control determinó prisión preventiva justificada como medida cautelar y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Con estas acciones, el gobierno estatal reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad pública y frenar la participación indirecta de civiles en actividades delictivas, al tiempo que brinda herramientas legales más sólidas para el combate al crimen organizado.