Pide gobierno de Michoacán reexaminar suspensión provisional que permitió a Los Alegres del Barranco continuar con sus conciertos pese a apología del delito

El grupo Los Alegres del Barranco interpuso un recurso de amparo para solicitar la suspensión provisional de la aplicación del decreto del Ejecutivo de Michoacán que prohíbe en eventos públicos la interpretación y transmisión de música que se calificara de “apología del delito”.

Este decreto afecta en particular a géneros como los corridos tumbados, narcocorridos, corridos progresivos, entre otros, en virtud de que sus letras o las imágenes proyectadas durante las presentaciones podrían interpretarse como un respaldo o glorificación de actividades delictivas.

En marzo de este año, después de una presentación en el Auditorio Telmex de Zapopan y en la plaza de toros La Macarena de Uruapan, la agrupación musical llamó la atención al proyectar imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, figura clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que se abrieron cuatro carpetas de investigación.

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El juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, valoró que la medida restrictiva vulneraba derechos constitucionales fundamentales, como el de libertad de expresión y el derecho al trabajo.

Desde su perspectiva, prohibir al grupo interpretar su música constituía una forma de censura previa, alterando el equilibrio entre la protección del orden público y el respeto a las garantías individuales. La resolución, emitida en el juicio de amparo 518/2025, permitió que Los Alegres del Barranco continuaran presentándose mientras se resuelve la situación de fondo, y se agendó una audiencia incidental para el 15 de mayo de 2025, donde se evaluará si la medida provisional debe mantenerse o revocarse.

La reacción del Gobierno de Michoacán no se hizo esperar

Representado por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el Ejecutivo anunció que presentará una queja ante un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación. La argumentación del gobierno es que la suspensión provisional va en contra de la ley de amparo y, sobre todo, del interés popular, al permitir que persista en Michoacán la promoción de conductas que el decreto busca erradicar.

Según Torres Piña, la resolución del juez contradice la voluntad del pueblo michoacano, ya que se pretende evitar a toda costa la exaltación de actos delictivos a través de la música, medida que se considera esencial para la seguridad y el orden público en la entidad.