Revisiones al Fobaproa no fueron una auditoría, admite autor del informe entregado al Congreso

México.— Las revisiones realizadas entre 1998 y 1999 al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) no cumplieron con los criterios de una auditoría financiera formal, según reconoció Michael W. Mackey, quien fue contratado para evaluar los pasivos del rescate bancario tras la crisis financiera de 1995.

El especialista señaló que una serie de obstáculos impuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el propio Fobaproa y los bancos dificultaron el acceso a la información.

Estas restricciones impidieron que su evaluación pudiera considerarse una auditoría en términos financieros, como se aclaró en el informe entregado al Congreso de la Unión.

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Advierten por posible “Pemexproa”, que convertiría la deuda de Pemex, petrolera más endeudada del mundo, un “problema” del Estado, similar a como hizo Zedillo con el Fobaproa en 1998

¿Qué fue lo que dijo Ernesto Zedillo?

El tema cobró nueva relevancia tras declaraciones recientes del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien defendió el rescate financiero y aseguró que el proceso fue auditado por un auditor internacional independiente.

Sin embargo, omitió mencionar que el propio Mackey describió el trabajo como una “carrera de obstáculos” debido a la escasa colaboración de las autoridades.

Entre los principales impedimentos señalados por el auditor se encuentran retrasos provocados por la negativa de la CNBV y el Fobaproa a entregar información, así como la invocación del secreto bancario, que aplazó las revisiones varios meses. Además, el acceso a instituciones bancarias clave fue severamente limitado.

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Mackey advirtió que estos obstáculos afectaron la estimación del costo fiscal del rescate y posiblemente llevaron a una evaluación “demasiado generosa” de la eficacia del régimen regulatorio vigente en ese momento.

Según el informe, los procedimientos ejecutados no permiten emitir opinión sobre la situación financiera del Fobaproa.

El documento, publicado en su momento por el Congreso, contradice las versiones oficiales que durante años han defendido la transparencia del proceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó el tema en el contexto de un debate más amplio sobre la elección de jueces, señalando la falta de rendición de cuentas en decisiones clave del pasado.