Estos 26 candidatos están en la boleta por el Poder Judicial, pero podrían ser ‘descalificados’ de las elecciones por vínculos al crimen organizado, denuncias de abuso y bajo rendimiento académico

CIUDAD DE MÉXICO.- — Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 aspirantes a cargos judiciales.

De acuerdo con El Universal, a pesar de que las boletas ya fueron impresas, los legisladores aseguran que varios de los aspirantes no cumplen con los requisitos legales ni éticos para contender por un cargo en el Poder Judicial.

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Delitos graves e investigaciones en curso

En la querella, ambos legisladores argumentan que 18 de los candidatos impugnados no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, establecido en los artículos 95 y 97 de la Constitución.

El documento detalla que estas personas están vinculadas a investigaciones penales federales vigentes por delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.

“El informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas”, señala el recurso.

Además, denuncian que algunos de los aspirantes han fungido como abogados defensores de personas imputadas por pertenecer al crimen organizado, lo que, según el documento, compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.

“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, declaró Gutiérrez Luna.

El senador Fernández Noroña había anticipado en una videollamada que se impugnarían candidaturas de jueces y juezas que “han favorecido a grupos criminales”. También señaló que el filtro del Congreso tuvo “una falla” que debe corregirse.

“Ya encauzamos y ya tenemos datos firmes. Por ejemplo, hay un juez que tiene ya sentencia firme y está como candidato. Eso no puede ser”, dijo.

Candidatos con bajo promedio académico

Los otros 8 candidatos impugnados no cumplen con el requisito de tener un promedio mínimo de 8.0 en su licenciatura en Derecho, pues sus calificaciones oscilan entre 7.0 y 7.93. Esta falta, aseguran los legisladores, afecta directamente su idoneidad profesional y académica.

“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, explicó Gutiérrez Luna.

El diputado añadió que este requisito no es solo formal, sino que busca garantizar un alto nivel de preparación jurídica en quienes aspiran a resolver conflictos que afectan los derechos humanos y el orden democrático.

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¿Quiénes son los candidatos denunciados?

A tan solo un mes de las primeras elecciones del Poder Judicial, en las cuales cerca de 100 millones de personas votarán por 881 cargos federales entre 3,422 candidaturas, para cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados electorales y jueces federales.

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La lista de candidatos seleccionados, quienes pasaron el filtro de los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sigue dando controversia.

De acuerdo con la organización Dxfensores, se identificaron al menos 11 casos de “candidaturas altamente riesgosas”. Entre los denunciados más destacados, citados por El Universal, destacan:

• Fernando Escamilla Villarreal, aspirante a juez federal en Nuevo León, acusado de haber sido abogado de Miguel Ángel Treviño Morales “El Z40” y Eleazar Medina Rojas “El Chelelo”, líderes del crimen organizado.
• Jesús Humberto Padilla Briones, quien busca ser juez en el mismo circuito, fue detenido en julio de 2023 con armas y drogas, durante una persecución en Montemorelos, Nuevo León.
• Diana Montserrat Partida Arámburo, jueza federal en el Sexto Circuito, permitió la liberación de Marcelino Ticante Castro, alias “El Fantasma”, presunto jefe de seguridad de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
• Francisco Herrera Franco, candidato a juez federal en materia penal, apodado “fiscal del terror” debido a sus presuntos vínculos con grupos criminales y su involucramiento en los asesinatos de periodistas en Michoacán.
• Francisco Martín Hernández Zaragoza, exjuez en Jalisco, fue destituido en 2015 por acusaciones de corrupción, lavado de dinero, abuso y acoso sexual contra trabajadoras judiciales.
• Andrés Montoya García, aspirante a magistrado en Sonora, está vinculado a la desaparición forzada del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005, y su hermano fue señalado como autor material del crimen.