Ingresan Guerreros Buscadores de Jalisco de nuevo a Rancho Izaguirre; FGR realiza investigación

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco—integrado mayoritariamente por familiares de personas desaparecidas—logró, mediante una orden judicial, ingresar nuevamente al predio ubicado en Teuchitlán para presenciar de primera mano las labores de investigación que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR) en el lugar.

La controversia se centra en el conflicto entre lo que afirma el fiscal Alejandro Gertz Manero y las evidencias que presentan los activistas. Mientras el titular de la FGR ha asegurado que no se hallaron indicios concluyentes de cremación de cuerpos —destacando que los análisis periciales, inclusive los realizados por laboratorios de la UNAM, evidenciaron que las temperaturas registradas en el sitio (alrededor de 200°C) distan de las necesarias para la incineración de restos humanos (que requieren superar los 800°C)— los Guerreros Buscadores insisten en que sí existen pruebas contundentes.

Según sus testimonios, se han recuperado 17 lotes de restos humanos óseos del Rancho Izaguirre, con fragmentos tan diversos como cráneos, fémures, caderas, falanges y piezas dentales, información que figura en el sistema administrativo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

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La FGR ha planteado que el predio funcionaba como centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizado para el reclutamiento, adiestramiento y conducción de actividades delictivas, y que las evidencias encontradas—como zanjas y restos de fogatas—corresponden a actividades distintas a la cremación de cadáveres. Esta versión intenta contrarrestar las denuncias del colectivo, que sostienen que dichos detalles omiten elementos cruciales que evidencian la existencia de procesos de incineración deliberados destinados a ocultar la identidad de víctimas.

La presencia de los Guerreros Buscadores, equipados con trajes especiales de bioseguridad y acompañados por funcionarios de la propia FGR, garantiza que se genere un ambiente de mayor transparencia, permitiendo a las familias de las víctimas observar de cerca el desarrollo de los hechos y exigir explicaciones que puedan contrarrestar versiones oficiales que consideran insuficientes.