Retiran cuatro cámaras ilegales de videovigilancia en Culiacán; suman más de 2 mil equipos desmantelados
Autoridades federales y estatales retiraron cuatro cámaras ilegales en Culiacán, sumando más de 2 mil equipos desmantelados desde el inicio del operativo, con el objetivo de impedir el uso ilícito de estructuras públicas para vigilancia no autorizada.
Culiacán, Sinaloa, 29 de abril de 2025. — Autoridades federales y estatales realizaron el retiro de cuatro cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán. La acción fue encabezada por el Grupo Interinstitucional, integrado por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
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El operativo permitió ubicar cuatro cámaras fijas con conexión alámbrica, instaladas sin autorización en estructuras públicas. Con esta acción, el número total de cámaras ilegales retiradas desde el inicio del operativo asciende a 2,093 dispositivos.
Cámaras ajenas al sistema oficial
Las autoridades precisaron que ninguno de los equipos desmantelados está vinculado al sistema institucional de seguridad, conocido como C4i, y recalcaron que este sistema cuenta con tecnología avanzada para prevenir intrusiones, hackeos o la creación de sistemas paralelos.
La instalación de cámaras por parte de particulares en sitios públicos es ilegal, especialmente cuando se colocan sin autorización en postes, semáforos u otras infraestructuras. En diversos casos, estos dispositivos han sido utilizados por grupos delictivos para espiar movimientos de cuerpos de seguridad, lo que representa un riesgo para los operativos de vigilancia y combate al crimen.
Llamado a la denuncia ciudadana
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar de manera anónima cualquier cámara sospechosa mediante el número 089, o directamente al 911 en caso de urgencias. La participación ciudadana es clave para impedir que redes ilegales de vigilancia interfieran con las tareas de seguridad pública.
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El retiro de estos dispositivos refuerza el compromiso del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Sinaloa para garantizar la seguridad de la población y evitar que estructuras públicas sean usadas con fines ajenos a la ley.