México enfrenta fecha límite en juicio civil contra lavadores de García Luna en Miami

Ciudad de México.– Una jueza de Miami fijó el 28 de abril como fecha límite para iniciar el juicio civil mediante el cual el Gobierno de México busca recuperar 600 millones de dólares asociados al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

De no comenzar el juicio o alcanzarse un acuerdo para esa fecha, la demanda será desechada, advirtió la jueza Lisa Walsh.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la demanda en 2021 contra la familia Weinberg, presuntos lavadores de García Luna.

México

Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de Defensa, afirma que advirtió a Felipe Calderón con documentos que García Luna estaba vinculado con el narco y que por esa razón “orquestó” una detención en su contra

Audiencia

Durante una audiencia reciente, los abogados de ambas partes afirmaron que “en principio” se alcanzó un acuerdo tras una reunión de mediación en noviembre pasado, aunque su implementación depende de la aprobación de autoridades mexicanas al más alto nivel.

El juicio inicialmente estaba previsto para enero de 2025, pero fue pospuesto a abril debido a la complejidad del acuerdo, que incluye la posible cancelación de procesos penales y administrativos en México.

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La jueza Walsh reiteró que no aceptará más aplazamientos, advirtiendo que el caso será juzgado o desechado conforme a las nuevas reglas de la Corte Suprema de Florida.

La demanda se centra en 28 propiedades en Florida adquiridas por empresas vinculadas a los Weinberg; de estas, al menos 18 ya fueron vendidas, generando más de 28 millones de dólares.

México ha logrado recuperar al menos 2.8 millones de dólares mediante acuerdos con la esposa de García Luna, Linda Pereyra, y otros involucrados como José Francisco Niembro, exsubsecretario de la SSP.

Genaro García Luna, quien fue titular de la SSP de 2006 a 2012, fue sentenciado a 38 años de prisión en Nueva York por proteger al Cártel de Sinaloa.

Las autoridades mexicanas acusan a los Weinberg de haberle pagado sobornos y de lavar fondos derivados de contratos públicos a través de un esquema inmobiliario en Estados Unidos.