CNDH no niega desapariciones en México, pero que en su mayoría son responsabilidad de la delincuencia organizada
En su informe ante la ONU, el organismo sugiere medidas como la creación de un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas
Este domingo 13 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo en un comunicado que las desapariciones en México no constituyen actualmente una política de Estado, aunque admite la posible colusión de autoridades en ciertos casos.
Dice que la mayoría de las desapariciones actuales son perpetradas por particulares, principalmente por la delincuencia organizada.
En la mayoría de los casos, no hay servidores públicos involucrados directamente, y cuando los hay, se trata principalmente de autoridades estatales o municipales, no federales.
Diferencias con la “Guerra Sucia”
El organismo establece una distinción entre la situación actual y lo ocurrido durante la llamada “Guerra Sucia” (1951-1990), período en el que la represión sí era una política de Estado, incluyendo asesinatos, tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas.
En contraste, los casos actuales carecen de la escala, estructura jerárquica y respaldo institucional que caracterizaron ese periodo histórico.
Retos y recomendaciones
La CNDH reconoce diversos desafíos en la atención a este problema, como la impunidad prevalente en muchos casos y la necesidad de una coordinación institucional para prevenir la desaparición de personas.
En su informe ante la ONU, el organismo sugiere medidas como la creación de un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la profesionalización de servidores públicos y la implementación de un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
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Respuesta del Comité de la ONU
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha expresado preocupación por la persistencia de desapariciones en México, señalando que no se puede obviar la necesidad de que el país adopte una política nacional de prevención para erradicarlas.
El organismo también ha destacado la importancia de implementar las recomendaciones formuladas en años anteriores, como la puesta en funcionamiento de registros y herramientas contemplados en la Ley General.
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