Claudia Sheinbaum envía al Senado reforma para combatir la desaparición de personas

México.- A dos semanas de haberla anunciado, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma para enfrentar el problema de la desaparición de personas en México.

Esta propuesta surge tras el hallazgo de un centro de entrenamiento en Jalisco relacionado con la delincuencia organizada y busca atender de manera integral este grave problema que afecta al país.

Uno de los puntos clave de la iniciativa es la implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía y huellas dactilares, la cual funcionará como documento nacional de identificación.

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Para ello, la Secretaría de Gobernación se encargará de integrar la información biométrica de los ciudadanos mediante la colaboración de los tres niveles de gobierno y el uso de centros habilitados para tal fin.

Además, la propuesta establece la participación de la Guardia Nacional en tareas específicas de búsqueda de personas desaparecidas y la reducción de penas para aquellos delincuentes que se desistan de su delito y colaboren proporcionando información relevante sobre la ubicación de las víctimas.

También se plantea un acceso irrestricto e inmediato a los registros de datos biométricos que posean autoridades y particulares, para facilitar las investigaciones.

¿Qué plantea la reforma?

La reforma modifica varias leyes clave, incluyendo la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Población, y contempla la creación de plataformas tecnológicas, como la Plataforma Única de Identidad, que se conectará con diversas bases de datos, incluido el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses, para optimizar las búsquedas de personas desaparecidas.

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El documento también subraya la importancia de la identificación de cuerpos en instituciones públicas y privadas, ya que la falta de identificación es uno de los principales obstáculos para resolver los casos de desapariciones.

En este sentido, se establecerá la obligación de realizar pruebas dactilares y genéticas a los cuerpos antes de ser enviados a fosas comunes y se deberá remitir la información forense al Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo no mayor a tres días.