Dictan prisión preventiva a colaboradores de Silvano Aureoles

La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, dictó prisión preventiva para cuatro colaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quienes están acusados de los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, informó La Jornada.

Los imputados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP; y Antonio Bernal Bustamante, extitular de la SSP.

Medidas cautelares

Durante una audiencia que se extendió por más de 18 horas, la jueza determinó que los acusados habrían provocado un daño patrimonial al estado de Michoacán por más de 3 mil 400 millones de pesos. Como medida cautelar, se ordenó que Villegas Pineda y Maldonado Mendoza permanezcan recluidos en el penal de Santa Martha Acatitla, mientras que Delgado Murillo y Bernal Bustamante serán trasladados al Reclusorio Oriente. La audiencia inicial continuará el próximo jueves, cuando se definirá su situación jurídica. La Fiscalía argumentó que la prisión preventiva es necesaria debido al riesgo de fuga.

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Los cuarteles que Silvano Aureoles presumió y que ahora son investigados por sobreprecio

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se encuentra prófugo de la justicia, al igual que dos exsecretarios de Seguridad Pública del estado y Guillermo Loaiza Gómez, extitular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo y designado notario público por el propio Aureoles poco antes de concluir su mandato. Las autoridades mexicanas han detectado que Loaiza Gómez viajó a Argentina, aunque no ha sido localizado.

Los imputados están acusados de participar en una operación irregular relacionada con el arrendamiento y posterior compra de inmuebles destinados a la instalación de siete cuarteles policiales en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Adjudicación directa

Según la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, los inmuebles fueron arrendados por periodos mínimos de 56 meses a la empresa Inmobiliaria Dip, la cual recibió la encomienda por adjudicación directa, pese a haber sido creada en 2015.

Posteriormente, se modificaron los contratos para incluir servicios de mantenimiento, conservación y limpieza, también por adjudicación directa, con montos promedio de 55 millones de pesos por un plazo de 56 meses.

La Fiscalía señaló que Inmobiliaria Dip incurrió en irregularidades al arrendar los inmuebles a la SSP de Michoacán, ya que no era propietaria de los mismos al momento del contrato, sino que los adquirió en años posteriores.

Además, el gobierno de Aureoles decidió comprar los inmuebles, pagando sobreprecios que, según el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, ascendieron a 76 millones de pesos en Apatzingán; 37.4 millones en Huetamo; 90.4 millones en Jiquilpan; 163.4 millones en Lázaro Cárdenas; 64.2 millones en Uruapan; 116 millones en Coalcomán; y 103.8 millones en Zitácuaro.

Durante la audiencia, la defensa de los imputados solicitó tiempo para analizar las constancias del expediente. En el caso de Maldonado Mendoza, se intentó retrasar la diligencia argumentando problemas de presión arterial, pero los exámenes médicos practicados confirmaron que su estado de salud era normal.

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