ISSSTE autoriza la práctica de abortos voluntarios en diversas clínicas del país

El ISSSTE ha autorizado la práctica de abortos voluntarios, en aquellas clínicas y hospitales de los estados en donde se despenalizó la interrupción del embarazo.

El director general de la institución, Martí Batres, publicó el día de hoy los lineamientos para que la práctica de los abortos sean en las mejores condiciones médicas, desde el día de mañana. Estos pueden realizarse siempre y cuando se encuentren en las primeras doce semanas de gestación.

Este acuerdo declara que la Interrupción Legal del Embarazo, está protegida de manera legal en cada estado que ha reformado y despenalizado el aborto.

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El acuerdo define que las “usuarias” incluyen a quienes acudan a estos servicios de atención para hacer ejercicio de su derecho a la salud, sin limitarse a aquellas personas estrictamente derechohabientes del ISSSTE.

Actualmente, el aborto voluntario está despenalizado en 18 estados y en la Ciudad de México, generalmente permitido solo durante las primeras 12 semanas de gestación.

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Sin embargo, el Código Penal Federal (CPF) aún lo clasifica como un delito, debido a que el Congreso de la Unión no ha cumplido un amparo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2023, que ordenaba su derogación.

Esta situación genera un marco legal contradictorio para los empleados del ISSSTE, quienes son servidores públicos federales y, por tanto, sus acciones en las instalaciones del instituto están sujetas al CPF.

Este código establece sanciones de hasta tres años de cárcel y cinco años de inhabilitación para quienes practiquen abortos voluntarios, aunque en la práctica, la Fiscalía General de la República rara vez persigue este delito.

El acuerdo impulsado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, establece protocolos para garantizar la atención adecuada a quienes soliciten una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Esto incluye valoración médica, apoyo psicológico, protección de datos personales y consentimiento informado de las pacientes.

Además, el acuerdo contempla procedimientos para menores de edad, permitiendo la intervención del Ministerio Público y las procuradurías de protección en caso de oposición de los padres.

También se reconoce la objeción de conciencia para el personal médico, pero se ordena que las unidades de salud cuenten con suficientes médicos no objetores para garantizar el acceso al servicio.