Emiten recomendaciones en el caso de Esmeralda, menor acusada de homicidio tras aborto accidental

CIUDAD DE MÉXICO.- La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro emitió la recomendación 270(11/202) dirigida a la Fiscalía General del Estado y al Instituto de la Defensoría Penal Pública, por la inadecuada gestión en el caso de Esmeralda, una adolescente acusada de “dar muerte a su producto al momento de la concepción”.

Esmeralda, de tan solo 14 años, afirma que fue violada por un pariente y sufrió un aborto espontáneo a las 36 semanas de gestación.

La Secretaría de la Mujer, encabezada por Citlalli Hernández, quien constató que no se habían seguido los canales adecuados para el manejo del asunto. Como resultado, la Fiscalía decidió retirar la acusación por homicidio en contra de la adolescente, que se encontraba en resguardo domiciliario.

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Según lo reportado por Milenio, el Ombudsman Javier Rascado enfatizó que el tratamiento del caso careció de perspectiva de género y vulneró los derechos de la menor, destacando la urgencia de implementar cambios estructurales en las instituciones involucradas.

“Esta situación subraya una falta de perspectiva de género y sensibilidad hacia los derechos de las mujeres y niñas”, declaró.

Puntos clave de la recomendación

La Defensoría estableció una serie de acciones para reparar el daño y evitar que se repitan situaciones similares:

• Registro Estatal de Víctimas: Se solicita la inscripción de Esmeralda, así como de su padre y hermana, como víctimas indirectas. Este registro permitirá que accedan a medidas de rehabilitación y atención médica, en caso de ser necesario, en un plazo no mayor a 30 días naturales.
• Indemnización compensatoria: Se insta a iniciar el procedimiento para otorgar una indemnización económica a la menor, considerando las afectaciones derivadas de la violación a sus derechos humanos.
• Deslinde de responsabilidades: Se deben iniciar procedimientos administrativos contra los funcionarios que hayan incurrido en irregularidades en el manejo del caso.
• Capacitación obligatoria: Todo el personal de la Fiscalía y el Instituto de la Defensoría Penal Pública deberá recibir formación en perspectiva de género, derechos de las mujeres y de la infancia.

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