Cómo es la secretaría de Harfuch que diputados declararon constitucional

CIUDAD DE MÉXICO — La Cámara de Diputados ha dado un paso trascendental al emitir la declaratoria de constitucionalidad para dos reformas clave que abordan temas prioritarios: la protección y cuidado animal, y la seguridad pública.

Ambos cambios a la Constitución fueron aprobados por 19 congresos locales, consolidando su validez, informa El Universal.

La súper secretaría de seguridad pública: un cambio estructural

La segunda reforma, que modifica el artículo 21 constitucional, otorga a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) nuevas y amplias facultades.

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Encabezada por Omar García Harfuch, esta dependencia no solo coordinará y formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino que también tendrá la capacidad de investigar delitos.

Además, se encargará de diseñar y dirigir políticas y programas en materia de seguridad nacional, en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma también faculta a la SSPC para requerir información de instituciones y dependencias del Estado, fortaleciendo sus capacidades para esclarecer hechos delictivos.

Avanza materia en protección animal

Mientras que la reforma en materia de protección animal avanza en la creación de un marco más ético en el trato a los animales, deja cuestiones culturales controvertidas sin abordar de manera explícita.

Por otro lado, el fortalecimiento de la SSPC busca consolidar un modelo de seguridad más centralizado y eficiente, con un enfoque en la investigación y la prevención.

Ambas reformas representan un avance significativo en sus respectivas áreas, pero también plantean interrogantes sobre su implementación y el alcance real de los cambios que buscan lograr.

Cómo va la reforma contra el maltrato animal

La primera reforma, que prohíbe el maltrato animal, fue enviada al Ejecutivo para su promulgación. Este cambio eleva a rango constitucional la protección animal, estableciendo restricciones al maltrato en actividades como la crianza, el aprovechamiento y el sacrificio de animales destinados al consumo humano.

También regula el uso de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines lucrativos.

A pesar de su alcance, la reforma no incluye disposiciones específicas para prohibir prácticas como las corridas de toros, las peleas de gallos o de perros, dejando estas actividades fuera del marco directo de esta normativa.