SCJN admite controversia constitucional 286/2024: ¿Qué significa para el Poder Judicial?
La SCJN admitió la impugnación con una votación de ocho a favor y tres en contra, lo que evidencia la división de opiniones dentro del máximo tribunal del país.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido la controversia constitucional 286/2024, promovida por el estado de Guanajuato en contra de la Reforma al Poder Judicial de la Federación. Esta decisión, tomada el 4 de octubre de 2024, ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y el papel de la Corte en la revisión de reformas constitucionales. La controversia se centra en la supuesta violación de principios fundamentales del sistema judicial mexicano, planteando preguntas sobre el equilibrio de poderes en el país.
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¿Qué es la controversia constitucional?
La controversia constitucional es un mecanismo legal que permite a los estados o a ciertos órganos del gobierno cuestionar la constitucionalidad de actos de otros poderes, como el Congreso de la Unión. En este caso específico, el estado de Guanajuato impugna la reforma que se aprobó el 15 de septiembre de 2024, la cual modifica diversas disposiciones de la Constitución en materia del Poder Judicial.
El proceso en la SCJN
La controversia fue presentada el 27 de septiembre y fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para su análisis. La SCJN admitió la impugnación con una votación de ocho a favor y tres en contra, lo que evidencia la división de opiniones dentro del máximo tribunal del país. La Corte ahora debe determinar si tiene la facultad para revisar y, posiblemente, modificar la enmienda constitucional en cuestión. Esto podría sentar un precedente importante para futuras reformas y el papel de la Corte en el sistema judicial.
Argumentos de los magistrados
Los magistrados y jueces que impugnaron la reforma argumentan que esta viola la independencia del Poder Judicial y afecta la división de poderes, principios fundamentales del sistema democrático en México. Las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa expresaron su preocupación al respecto, sugiriendo que la Corte podría estar actuando de manera que ponga en riesgo el equilibrio entre los poderes. Batres advirtió que si la Corte procede con esta revisión, podría estar asumiendo facultades que no le corresponden y, de este modo, estaría cometiendo un “golpe de Estado constitucional”.
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Opiniones de las ministras
Las ministras Batres y Esquivel enfatizaron que el procedimiento podría enviar un mensaje peligroso sobre la capacidad de la Corte para anular reformas constitucionales mediante un proceso administrativo. Esquivel, en particular, planteó interrogantes sobre si la Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución y crear una crisis constitucional. Estas afirmaciones han avivado el debate sobre la autonomía del Poder Judicial y la legitimidad de la revisión judicial de reformas constitucionales.
Respuesta del ministro ponente
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá defendió la admisión de la controversia, subrayando que el análisis de la constitucionalidad de reformas ha sido una práctica aceptada en el pasado. Recordó que en ocasiones anteriores, líderes políticos actuales también han cuestionado reformas constitucionales sin que se les haya etiquetado de “golpistas”. Esto sugiere que el debate sobre la revisión de reformas constitucionales es más amplio y ha sido parte del proceso político en México durante años.
Siguientes pasos
Después de la admisión, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández turnará el proyecto a otro ministro de la mayoría a favor, excluyendo a quienes votaron en contra. Esta decisión permitirá que la Corte emita una suspensión que podría frenar la enmienda constitucional en discusión.
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