Javier Laynez Potisek critica la reforma judicial propuesta por AMLO
Subrayó que las discusiones deberían centrarse en cómo los grupos más vulnerables pueden tener acceso a la justicia y no solo aquellos con los medios para costear juicios largos y costosos.

México.- Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador no resolverá los problemas que se tienen al interior del Poder Judicial.
Laynez Potisek cuestionó cómo dicha reforma abordaría las verdaderas fallas del sistema, enfatizando que “nadie habla de justicia local, nadie habla de las causas del rezago, por qué hay tantos juicios”.
Subrayó que las discusiones deberían centrarse en cómo los grupos más vulnerables pueden tener acceso a la justicia y no solo aquellos con los medios para costear juicios largos y costosos.
El ministro de la Suprema Corte dejó en claro que esta iniciativa de reforma judicial sería rehacer dicho poder de cero y criticó el diagnóstico que sustenta la propuesta.
Reestructuración del Poder Judicial
Laynez Potisek argumentó que para una reforma de tal envergadura es necesario un diagnóstico claro y detallado que justifique la reestructuración total del Poder Judicial.
“¿Dónde está el diagnóstico que nos lleva a decir ‘esto es corrupción, todo es ineficacia, todo es nepotismo’?”, cuestionó, añadiendo que las encuestas no distinguen entre justicia local y federal, lo cual es crucial para entender las verdaderas fallas que afectan a la ciudadanía.
Laynez Potisek también advirtió sobre los peligros de elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular, uno de los principales argumentos de la reforma judicial.
Señaló que una elección por su propia naturaleza implica comprometer el voto, lo que podría agravar los problemas en lugar de resolverlos.
Además, argumentó que una campaña electoral para estos puestos implicaría compromisos que podrían comprometer la imparcialidad de los jueces.
Finalmente, Laynez Potisek expresó su preocupación por el caos que podría provocar la implementación de esta reforma, señalando que la elección de mil 658 nuevos funcionarios judiciales en junio de 2025 podría dejar al sistema sin jueces y magistrados por un tiempo considerable, lo que afectaría la resolución de cientos de miles de asuntos pendientes, incluidos juicios penales, civiles y amparos.
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