Minería en México: Entre el potencial económico y la influencia del crimen organizado
Durante el foro “Retos de la Minería Mexicana”, empresarios destacaron que más de 200 permisos ambientales están detenidos, afectando a más de 50 mil familias en zonas mineras de Zacatecas, Chihuahua, Durango y Sonora.
CDMX.- México, reconocido como una potencia mundial en minería, se consolidó en 2022 como el principal productor de plata a nivel global y mantiene una producción anual de 53 minerales, 11 de ellos metálicos. La creciente demanda de litio ha puesto al sector minero mexicano en la mira de inversionistas, el gobierno, el sector privado y, lamentablemente, organizaciones del narcotráfico.
Según datos de la Secretaría de Economía, México recibió una Inversión Extranjera Directa (IED) de 2,737 millones de dólares hasta el tercer trimestre de 2023 para fortalecer la industria minera. No obstante, empresarios del sector han señalado que otros 4,500 millones de dólares en inversiones están detenidos debido a la Ley Minera aprobada el 30 de abril de 2023.
Durante el foro “Retos de la Minería Mexicana”, empresarios destacaron que más de 200 permisos ambientales están detenidos, afectando a más de 50 mil familias en zonas mineras de Zacatecas, Chihuahua, Durango y Sonora. La prohibición de la minería a cielo abierto, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, amenaza con frenar el 60% de las operaciones mineras y cancelar el ingreso de 14,000 millones de dólares en inversiones.
En su primera reunión como candidata electa, Claudia Sheinbaum recibió una oferta del Consejo Coordinador Empresarial: una inversión de 42,000 millones de dólares por parte de empresas como FEMSA, Coppel, Cinépolis, Maseca y Grupo México, una de las tres compañías mineras que dominan más del 80% de la explotación minera en el país.
Narcotráfico y Minería
Desde principios de la década de 2010, se ha confirmado la implicación de organizaciones del narcotráfico en la explotación y venta clandestina de minerales en Colima y Michoacán. En 2014, 36 mineras fueron clausuradas bajo sospecha de estar dirigidas por grupos criminales como Los Caballeros Templarios y Los Zetas. Los cárteles comenzaron a cobrar a las mineras por servicios de “vigilancia” y “protección”, y a exigirles el uso de sus camiones para el transporte de minerales, además de una cuota por cada kilo y onza extraídos.
Un caso emblemático es el de la minera El Gallo 1 en Sinaloa, donde en abril de 2015 un comando robó 8.4 millones de dólares en oro. El propietario canadiense admitió tener una “buena relación” con los cárteles, quienes regulan las exploraciones mineras.
Investigaciones periodísticas revelan que los grupos criminales también participan en la “limpieza” de territorios, expulsando a comunidades y opositores ambientales para facilitar la entrada y explotación de terrenos por parte de grandes empresas. Los Zetas en Coahuila, Los Viagras en Michoacán, La Línea en Chihuahua y el Cártel de Sinaloa en Sonora son solo algunos de los cárteles que han convertido la minería en un lucrativo negocio.
La minería en México es una fuente crucial de ingresos y empleo, pero enfrenta retos significativos debido a la nueva legislación y la creciente influencia del narcotráfico. La coordinación entre el gobierno, el sector privado y las fuerzas de seguridad es esencial para garantizar un desarrollo sostenible y seguro de este sector vital.
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