Condenan a falsa doctora en España por inyectar silicona a 37 mujeres

En un veredicto reciente que resalta la importancia de la integridad profesional en el campo de la medicina estética, la Audiencia Provincial de Las Palmas ha emitido una condena severa contra una mujer que se hizo pasar por doctora, engañando a 37 mujeres con tratamientos falsos de belleza. La sentencia, emitida el martes, 18 de junio de 2024, suma penas de 29 años y siete meses de cárcel, además de imponer una multa de 4.500 euros y ordenar indemnizaciones por un total de 181.000 euros a las víctimas afectadas.

Entre 2016 y 2019, la impostora operaba principalmente desde su domicilio en Las Palmas de Gran Canaria y, ocasionalmente, desde un bungalow en Playa del Inglés. Utilizando su hogar como clínica, prometía tratamientos con ácido hialurónico, un relleno comúnmente usado para mejorar la estética facial. Sin embargo, en lugar de utilizar el material prometido, inyectaba silicona líquida, una sustancia cuyo uso está prohibido en tratamientos estéticos por la Agencia Española del Medicamento y la Sociedad Española de Medicina Estética.

La acusada no tenía formación médica alguna ni autorización para ejercer tal actividad. Los procedimientos se realizaban en condiciones completamente inadecuadas, sin los mínimos equipamientos sanitarios, y las clientas eran cobradas 150 euros en la primera sesión y 50 euros en una segunda de retoque.

Los problemas no tardaron en aparecer. Las víctimas comenzaron a experimentar efectos adversos significativos, como hinchazón excesiva, granulosis y dolor intenso. A pesar de las quejas transmitidas a la falsa doctora a través de WhatsApp, esta se limitaba a decirles que esos síntomas eran normales y recomendaba masajes labiales, aplicaciones de hielo y, en algunos casos, el uso de antiinflamatorios.

Los abogados expertos en negligencias médicas destacan que este caso subraya la importancia de consultar con profesionales legítimos y debidamente acreditados. Advierten que las consecuencias de tratamientos administrados por individuos no cualificados pueden ser devastadoras y, como se ha visto en este caso, pueden llevar a complicaciones severas y duraderas.

La sentencia detalla estos actos de irresponsabilidad y el peligro que representaron para las afectadas. Además de ser condenada por intrusismo profesional y lesiones, curiosamente, la mujer fue absuelta de los delitos de estafa y contra la salud pública. El tribunal determinó que el engaño inherente al intrusismo ya englobaba el elemento de estafa y que las lesiones, aunque graves, fueron producto de imprudencia más que de intención dolosa.

Este caso subraya la necesidad crítica de verificar las credenciales de los profesionales de la salud. La facilidad con la que esta persona logró engañar a tantas clientes durante varios años pone de manifiesto los riesgos de no hacerlo. Además, la situación sirve como un recordatorio alarmante de que procedimientos que parecen superficiales pueden tener consecuencias médicas severas si no se realizan correctamente y por personal cualificado.

Las indemnizaciones impuestas buscan compensar a las víctimas por los daños sufridos, aunque el daño emocional y físico es difícilmente cuantificable. Las afectadas tienen la opción de apelar la decisión, lo que podría prolongar este doloroso capítulo de sus vidas.

La sentencia también es un llamado a las autoridades para reforzar la regulación y supervisión en el sector de la medicina estética, un campo que ha crecido exponencialmente y donde las regulaciones a veces no han logrado mantener el ritmo con las prácticas emergentes. La protección del consumidor en este ámbito es primordial, y este caso ha evidenciado las fisuras en el sistema que permiten que impostores causen tanto daño.

La falsa doctora ahora enfrenta las consecuencias legales de sus actos deshonestos y peligrosos. La justicia, al menos en este caso, busca cerrar la brecha entre la práctica ilegal y la protección al consumidor, asegurando que aquellos en busca de embellecimiento no terminen desfigurados por quienes no tienen el derecho ni la capacidad de administrar tales tratamientos.